Una de las obligaciones importantes de la denominada “revolución ciudadana” es buscar la manera de solucionar no solamente los problemas actuales del país, sino también los futuros, entre ellos, la revisión de los precios de gasolina y gas a nivel del consumidor, pues mientras estos mantengan diferencias enormes entre los que se aplican en el mercado interno y en los países vecinos, siempre habrá desabastecimiento, por esfuerzos que realicen las autoridades.
En efecto, por los combustibles mencionados, en Colombia y Perú se pagan hasta cinco veces más, lo que hace imposible controlar su comercialización en la frontera, porque el origen del problema es de orden económico y no policial. Por lo expuesto, resulta inevitable ajustar los precios en forma escalonada, mediante incrementos mínimos pero permanentes, hoy que el Gobierno cuenta con todo el apoyo necesario, situación que es muy difícil que se repita en el futuro.
Inclusive con los enormes subsidios que el Estado dejaría de pagar, la inmensa cantidad de inversiones que se podrían realizar, por ejemplo, en educación y salud.