Años atrás, cuando el Municipio de Quito aprobaba la Construcción de una Urbanización Privada, lo hacía mediante “Ordenanza Municipal”, en la cual se establecían los requisitos a cumplirse por el urbanizador, antes de proceder a la venta de los lotes. En esta “Ordenanza Municipal” se estipulaba el tipo de urbanización: calles pavimentadas, las dimensión y tipo de veredas y lo más importante, que los servicios de luz, agua potable, alcantarillado y teléfonos, debían ser construidos en forma subterránea.
Al concluir las obras, estas se entregaban al Municipio, quién a su vez disponía que las instalaciones eléctricas sean recibidas por la Empresa Eléctrica Quito para su administración, explotación, mantenimiento y servicio. Los postes de alumbrado público contenían únicamente luminarias de mercurio o vapor de sodio y bajo ningún concepto debía existir una conexión de conductores visible, es decir las instalaciones debían ser subterráneas.
Aún más, estos postes de hormigón están diseñados para la instalación de alumbrado y no pueden resistir la instalación de conductores. En forma por demás arbitraria, la Empresa Eléctrica Quito S. A. permitió la ocupación de los postes de alumbrado público a la Empresa Estatal “Ietel” para que ésta pueda dar servicio de teléfono a los usuarios de las urbanizaciones.
A partir del uso masivo de la televisión por cable, las empresas encargadas de dicho servicio, también ocuparon estos mismos postes recargando aún más la presión ya existente. A la fecha hay una masiva ocupación de los postes, con instalaciones conocidas como “espaguetis” o “telarañas” por la forma abusiva, anti-técnica y peligrosa con la que los cables se han instalado.
Hay muchos postes trizados, inclinados, rotos y en general dañados por el abuso de estas instalaciones. Es hora de que el Municipio demande de la Empresa Eléctrica la restitución de los servicios de alumbrado a su estado normal y que las empresas que en forma arbitraria y abusiva han instalados sus redes en los mismos postes, solucionen esta desagradable agresión visual. El Municipio no tiene porqué asumir los costos de “Soterramiento” .