Varios análisis han salido al debate, a propósito del proyecto de ley enviado por Rafael Correa, el 23 de mayo de 2017, para regular los actos de odio y discriminación en las redes sociales e Internet. Unos defienden la libertad de expresión, en nombre de los derechos digitales; otros apoyan las restricciones y las sanciones a los cibernautas, en función del bien común. Un hecho cierto: ahora la lucha política está en las redes sociales y la Internet.
El mundo político ha cambiado para siempre. Las manifestaciones de los ciudadanos son importantes, en todas las regiones del orbe, pero mucho más las redes sociales articuladas a través de las tecnologías de información y comunicación. Lo que importa es estar conectado. La sociedad-espectáculo está en camino.
• Era de la comunicación
Marshall McLuhan –filósofo e investigador canadiense, conocido como el ‘pontífice de la comunicación’- pronosticó en la década de los setenta el mundo de hoy. Acuñó las expresiones ‘el medio es el mensaje y ‘la aldea global’, y predijo la World Wide Web casi cuarenta años antes de que se inventara. Con la llegada de la Internet el interés sobre sus ideas se han renovado tanto en los ámbitos académico y tecnológico como político.
Giovanni Sartori y Manuel Castells contribuyeron, desde sus perspectivas, a llamar la atención sobre la influencia de la sociedad audiovisual en los comportamientos humanos, sus tendencias, oportunidades y amenazas. Y no se equivocaron: el mundo tiene ahora ‘herramientas’ al alcance de los ciudadanos, que se conectan al instante y han eliminado en la práctica las fronteras físicas. Esta revolución ha transformado todo. No hay ningún sector de la vida de la gente y las organizaciones, que no haya sido ‘tocada’ por estas redes electrónicas, cuyo escenario es el ciberespacio.
Y lo más interesante: las relaciones entre los ciudadanos –cibernautas o no-, la sociedad y el Estado están migrando en varias latitudes, desde los sistemas tradicionales (por ejemplo, las manifestaciones en las calles, que eran convocadas por la radio, el teléfono o los periódicos), a las realizadas a través del ciberespacio, que llenan plazas y vías en multitudinarias concentraciones. La era de la comunicación ha creado o recreado una nueva institucionalidad –planetaria-, donde el papel de los ciudadanos y del Estado es diferente, y la sociedad civil, ahora en red, plantea retos complejos e inéditos.
• Las redes sociales
Hay que partir de un presupuesto: las tecnologías no son neutras; es decir, incoloras, inodoras e insípidas. Responden a una lógica instalada en la modernidad y/o posmodernidad, que han impuesto una impronta o matriz cultural a la sociedad –de manera silenciosa- por la que todos, sin excepción, debemos transitar.
Como resultado, estar en las redes es estar en mundo; estar en las redes es estar conectado, con todas sus ventajas y riesgos. En este sentido, las nuevas ‘batallas’ políticas se siguen y se seguirán presentando en las redes. ¿Cómo gobernar estas ‘herramientas’, que tienden a demoler las instituciones tradicionales, y los sistemas políticos y económicos en ciernes? ¿O hay que regularlas para evitar excesos?
• Posición de la UNESCO
‘La UNESCO –organismo de las Naciones Unidas- reconoce que Internet encierra un enorme potencial para el desarrollo. Suministra un volumen sin precedentes de recursos para la información y el conocimiento y abre nuevas oportunidades de expresión y participación. La Organización asume su responsabilidad de promover la libertad de expresión en Internet y la ha incorporado en su Programa Ordinario. El principio de la libertad de expresión no se debe aplicar únicamente a los medios de comunicación tradicionales, sino también a Internet y todos los tipos de plataformas de comunicación de reciente aparición que seguramente contribuirán al desarrollo, la democracia y el diálogo’.
Y añade: ‘Conforme aumenta el acceso a la información en el ciberespacio, una variedad de agentes con objetivos y valores diversos refuerza las limitaciones de acceso. Además del carácter transfronterizo de Internet, existen muchísimos factores que determinan el nivel de la libertad de expresión en ella y los distintos enfoques normativos repercuten en la libertad de expresión. La verdadera dificultad reside en aprovechar completamente el potencial de los nuevos medios de comunicación, sin poner en peligro las libertades civiles, en particular el derecho a la libertad de expresión, a la educación y a la privacidad’.
• Odio y discriminación
Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional, el 23 de mayo, un proyecto de ley en relación con los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet, que tiene como objetivo ‘regular las acciones que los proveedores deben adoptar para el tratamiento de contenido o información que puedan constituir actos de discriminación o de odio, según lo establecido en los artículos 176 y 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)’. Varios países han dictado regulaciones, dentro de su ámbito, y por supuesto, las propias operadoras a nivel global.
En el ámbito nacional se presentaron casos especiales –por supuestos delitos infringidos a través de las redes sociales- que fueron judicializados por injurias, calumnias y atentados a la honra de personas. La pregunta es: ¿El Código Orgánico Integral Penal (COIP), las leyes de propiedad intelectual y las normativas de telecomunicaciones son ‘suficientes’ con las que se pueden sancionar los comportamientos de los cibernautas? ¿O se necesitan nuevas normativas, como propone el ex Presidente Correa?
Algunos Estados han tomado una de tres opciones: bloquear las redes o determinado sitio web, desarrollar una legislación para intervenir y tener influencia en los flujos de información, y el ataque directo.
• ¿Ética para las redes sociales e Internet?
Los pros y contras de las regulaciones a las redes sociales y la Internet reflejan las complejas circunstancias, en las que funcionan estas herramientas tecnológicas. Un punto de quiebre son los derechos –sobre todo el derecho a la libre expresión- y los deberes y responsabilidades correlativas de los usuarios y las operadoras. Y, naturalmente, la ética civil que podría entrar en juego. ¿Una ética para las redes sociales e Internet? ¿Ética voluntaria, optativa o impuesta por la ley?
Entre los problemas a afrontar por jueces y tribunos digitales está el anonimato, que es una figura que significa el ocultamiento expreso de la identidad de una persona. En el caso de Internet el anonimato total –según los expertos- sería imposible, o inviable en períodos prolongados de tiempo. La privacidad on line constituye una preocupación puntual de los usuarios en todo el mundo: 1) por el hecho de compartir datos personales a terceros, como Facebook, Google o Twitter; 2) por posibles ataques de ciber delincuentes; 3) por la vigilancia de agencias gubernamentales; y, 4) por las limitaciones de acceso a determinadas páginas web.
• Democracia digital
La influencia de las redes sociales crece y es incontenible. Ante la virtual ‘avalancha’ de tuiteros –muchas veces anónimos- lo mejor sería seleccionar las amistades y no ‘contaminarse’. Recuerde que Internet no es seguro. Es una plataforma en la cual usted puede conectarse con todo tipo de personas. Pero hay algo más importante: no dar datos personales sobre nuestras vidas. Por ello: establecer un nivel de privacidad no solo es necesario sino urgente. Toda precaución es poca cuando se trata de navegar por Internet.
Y en relación con el tema principal partamos de un principio: el ciberespacio es una maravilla, pero no es el paraíso soñado. Las regulaciones deben comenzar por casa: que nosotros gobernemos las tecnologías y no que ellas nos gobiernen. Y que el Estado –sociedad jurídicamente organizada, dirigida y representada por ciudadanos de carne y hueso- actúe en defensa de la vida; que la democracia digital en ciernes no disminuya la participación; y que lo virtual no mate la conversación, el pensamiento plural y la libertad con responsabilidad.