La Silla Vacía

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Más allá de los paraísos: un nuevo contrato social para el Ecuador

La Constitución vigente es garantista de derechos. ¿Quién garantiza el cumplimiento de las responsabilidades? El Art. 83 nos recuerda sobre este tema. Reflexiones más allá de las normas y del ‘pacto ético’ en ciernes, a propósito de los paraísos fiscales. ¿Un nuevo contrato social para el Ecuador?

Las tertulias familiares dejan lecciones interesantes, que gravitan luego en reflexiones más profundas. Una de ellas surgió cuando alguien preguntó si había una ley o reglamento sobre el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos, a sabiendas que la Constitución vigente está ‘llena’ de derechos que no sabemos si se cumplen.

Consulté a abogados expertos en argumentación jurídica, y descubrí que toda norma –desde el punto de vista conceptual- debe fundamentarse en derechos, y correlativamente en deberes, obligaciones y procedimientos, a cargo de las personas e instituciones. ‘La ley manda, prohíbe o permite’ decía el código civil de antaño. La corriente de hoy es garantista de derechos, y en mínima proporción de obligaciones, pese a estar consagrados en el Art. 83 de la Carta Magna.

• Deberes de los ciudadanos, según la Constitución

El capítulo noveno de la Constitución vigente, Art. 83, expresa: ‘Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

‘Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Ama killa, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos establecidos por la ley. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente’.

• ¿Cuánto se cumple?

Construir una matriz de derechos y deberes –enunciados y practicados- podría ser un ejercicio interesante. Que se sepa no existe una ley o conjunto de leyes que regulen el cumplimiento de las normas, o si existen en la práctica los ciudadanos vivimos en situaciones de desventaja, porque ‘la ignorancia ante la ley no excluye a persona alguna’; o porque el propio Estado encargado de cumplir y hacer cumplir las leyes, por algún motivo no las practica, mientras los ciudadanos somos ubicados en la lista de morosos y con una sensación de desconfianza en el sector público.

Algunas preguntas: ¿qué sucede cuando el sector público incumple sus propias leyes? ¿O cuando exagera en el cobro de obligaciones, al ‘meter la mano’ –literalmente- en el bolsillo de sus ciudadanos? ¿Quién es el responsable por las acciones u omisiones que comete el Estado? En el caso del sector privado podría haber cierta claridad cuando existe una contraprestación o un contrato entre las partes.

¿Y las instituciones públicas? Allí están el Ejecutivo, la Asamblea, los organismos de control, las fiscalías… Pero en la última década, el sistema de representación no ha funcionado, o ha funcionado en forma restringida, y los ciudadanos hemos quedado en estado de indefensión, lo cual es gravísimo, por el divorcio fáctico entre el Estado y los ciudadanos, al debilitarse los mecanismos de representación y participación.

• Nuevo contrato social

El pacto ético contra los paraísos fiscales, desde el punto de vista teórico podría está bien, aunque no en esta fase electoral porque distorsionaría los resultados y sería un búmeran contra el propio gobierno. La historia del Ecuador ha sido ‘fértil’ en plebiscitos o consultas populares que se constituyeron en termómetros de la popularidad de los presidentes de turno y tendieron a polarizar a la población. Hoy no sería la excepción.

Pero más allá de los contenidos del pacto propuesto y su oportunidad, están otros aspectos de un verdadero pacto ético, que podrían servir para la elaboración de un mapa ético y estético por el bien del Ecuador. Federico Mayor Zaragoza, emérito ex Director de la Unesco, dijo en una ocasión que para solucionar los problemas de la humanidad habría que insistir en cuatro temas: la pobreza, la naturaleza, la cultura –que incluye la educación, por supuesto- y la ética.

Con estas ideas matrices sería oportuno delinear un nuevo contrato social para el Ecuador, sobre la base de las siguientes estrategias de corto, mediano y largo plazo: un contrato político-económico-fiscal para eliminar la pobreza y sus causas; un contrato natural para defender la naturaleza, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad; un contrato educativo-cultural que implique la búsqueda de la identidad en la diversidad, y un contrato ético que facilite el diseño y ejecución de un modelo de desarrollo humano con equidad.

Y que el pacto ético vaya más allá de los paraísos fiscales, señores candidatos. Un pacto social-político-económico de largo plazo es urgente más allá de los intereses, más allá de las ideologías, más allá de los partidos y movimientos. Las cuatro estrategias planteadas son posibles.