A la mesa de redacción de la revista EducAcción ha llegado el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural propuesto por el presidente Rafael Correa, con fecha 26 de junio de 2014, que cursa en la Asamblea Nacional para conocimiento, discusión y aprobación.
La asambleísta Ximena Ponce León, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, según oficio No. 145-AN-SEC-CECCYT-2014, del 21 de agosto, solicita al autor de esta nota comentarios al mencionado cuerpo legal, que los hago públicos a través de este blog.
Documentos PDF:
Proyecto de Ley Reformatoria a la LOEI
Proyecto de Ley Reformatoria a la LOEI (Resolución)
Causas de la reforma
El gobierno ha descubierto un hecho evidente: la falta de interés e incentivos para que los profesionales ecuatorianos accedan a la carrera docente. En efecto, el mencionado proyecto de ley, en su exposición de motivos reconoce que ‘al haberse establecido una barrera conexa a la titulación para las categorías escalafonarias, la Ley ha desincentivado el acceso de miles de profesionales y académicos al sistema educativo, que ha devenido en una práctica inequitativa’.
Asimismo, advierte que ‘las posibilidades de atención a las necesidades del sistema educativo… están restringidas por un sistema de movilidad docente, que no es coherente con la lógica territorial’, y subraya la necesidad de ‘eliminar las barreras de hecho en el acceso a la carrera pública’, para lo cual propone ‘hacerla más atractiva para personas con formación en diversas disciplinas…’
La propuesta oficial
La Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural propone sustituir el texto del artículo 96 que, en esencia, se resume en el reconocimiento de títulos de educación superior –no solo pedagógicos sino de otras profesiones- para ingresar a la carrera educativa pública.
En otros términos, los profesionales en Ciencias Exactas, Ciencias de la Vida, Ciencias Sociales, Ciencias del Comportamiento Humano, Educación Especial y otras disciplinas ‘siempre que no exista el número suficiente de docentes de calificación de los docentes para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Educación’, podrán ejercer la carrera docente pública.
Pero pone una condición: que los profesionales mencionados obtengan el título de cuarto nivel en Ciencias de la Educación ‘durante los dos primeros años posteriores a su ingreso a la carrera educativa; caso contrario se revocará su nombramiento’.
También se reformarían los artículos 98, en relación con los traslados, y el artículo 113 referido a las categorías. Y se reconocen los títulos de bachillerato para ingresar al magisterio público, por excepción, quienes tendrán el plazo de seis años para obtener el título de profesor o licenciado en Ciencias de la Educación. Este y otros asuntos serán regulados por el reglamento respectivo.
Necesidad de un enfoque global
• En primer lugar cabe mencionar que el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ha sido calificado por el Consejo de Administrativa (CAL), según resolución CAL-013-2015-121, lo cual sugiere que esta reforma se halla en trámite.
• El tema planteado por el presidente de la República es, desde este punto de vista, pertinente porque el nuevo sistema educativo que organiza la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente, ha tenido, de entrada, una debilidad estructural –heredada por este régimen-: la defectuosa formación inicial y continua del profesorado.
• En más de una ocasión he manifestado el divorcio y en ocasiones la ruptura entre las políticas –que nunca existieron- sobre la formación inicial y continua del docente. Por un lado ha actuado la universidad y sus Facultades de Ciencias de la Educación; por otro, los Institutos Superiores Pedagógicos –ISPED-, ex Normales; y el MinEduc como espectador, con su sistema ‘propio’ de capacitación con cantidad de cursos, que ofrecían diplomas por doquier y puntos para los ascensos de categoría.
• Este círculo vicioso ha sido perverso y debe terminar. La Ley reformatoria debe incluir, por lo tanto, no solo la materia planteada por el señor Presidente –el acceso de no profesionales de la educación al sistema, bajo condiciones y compromisos especiales-, sino la articulación de una nueva política nacional que integre diversas estrategias vinculadas a la promoción, la selección, los incentivos, la titulación, las categorías, las remuneraciones, la investigación y la evaluación, entre otras, que regulen la preparación y el ejercicio docente de calidad.
• ¿Por qué no pensar en un sistema de certificación de todo el profesorado, sobre la base de concursos no de títulos o cartones -que no necesariamente son patentes de conocimientos- sino de autoevaluaciones, co evaluaciones y heteroevaluaciones rigurosas, con incentivos verificables?
• En suma, la Ley Reformatoria es positiva, pero todavía se considera ‘parche’. Un cambio profundo del sistema educativo como quiere la sociedad ecuatoriana, pasa, necesariamente, por la formación integral de los docentes, desde la educación inicial, básica, bachillerato hasta la educación superior. ¿Una nueva ley sobre la formación docente? El país requiere para profesores las mejores personas, las más preparadas, las más eficientes y las mejor pagadas.