3 de junio de 2017 01:05

Polémica en Loja por los límites de velocidad

El Municipio de Loja colocó un medidor de velocidad en la avenida Eduardo Kingman, ubicada en el sur de la ciudad. Foto: Xavier Caivinagua/EL COMERCIO

El Municipio de Loja colocó un medidor de velocidad en la avenida Eduardo Kingman, ubicada en el sur de la ciudad. Foto: Xavier Caivinagua/EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 33
Triste 0
Indiferente 2
Sorprendido 1
Contento 14
Lineida Castillo
Redactora (I)
[email protected]

El control de la velocidad vehicular en Loja generó rechazo, protestas y una demanda de inconstitucionalidad. El Municipio emitió 15 954 fotomultas entre enero del 2016 y febrero pasado.

En octubre del 2015, la Municipalidad lojana inició el control de la velocidad a través de cinco fotorradares fijos y dos móviles, sin la aprobación del Concejo Cantonal y sin una ordenanza. Están ubicados en las avenidas 8 de Diciembre, Isidro Ayora, Pío Jaramillo, Occidental de Paso y en la carretera hacia Vilcabamba.

Para la implementación del proyecto, el alcalde José Bolívar Castillo emitió una resolución escrita a mano el 15 de octubre del 2015, que establecía los límites de la velocidad (diferentes a los de Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial) y las multas económicas para los infractores.

El Alcalde contrató a la empresa Safety Enforcement Seguridad Vial para el cobro de las fotomultas. Por su servicio, la empresa se queda con el 45% del valor recaudado y el 55% restante va al Municipio.

No se conoce la inversión en la implementación del sistema “ni la ubicación de las oficinas en Loja”, según la concejala Karla Suing, de Alianza País.

El tema de las fotomultas se debatió en primera instancia en el Concejo Cantonal y fue bien visto entre los ediles porque planteaba reducir los accidentes de tránsito. “Pero la colocación de los dispositivos se hizo sin respetar el debido proceso. Allí, nos percatamos que solo pretendía la recaudación de dinero”, aseguró Suing.

Los transportistas y concejales tienen reparos al proceso. Entre otros, que no hubo difusión ni señalización previa.
Tampoco se respetó el cronograma de instalación progresiva de las cámaras, los infractores nunca fueron notificados dentro de las 72 horas, como lo establece la Ley de Tránsito para el derecho a la defensa, señaló el concejal Darwin Avendaño (independiente).

Por ejemplo, Ángel Briceño, Franco Macas y Alfredo Durazno se enteraron -varios meses después- que tenían siete fotomultas cuando iban a pagar por los servicios básicos o necesitaban hacer algún trámite de patente, cambio de dominio en el Municipio. “Me causó sorpresa e indignación. No tenía a quién reclamar. Debía pagar más de USD 1 000”, aseguró Briceño.

El tema generó tensión y reclamos y obligó a la Unidad de Tránsito Municipal a realizar ajustes, como colocar la señalización respectiva en los sitios próximos a los radares fijos y móviles. Además, que los agentes de tránsito notifiquen al chofer sobre la infracción.

Los mayores infractores fueron los taxistas, pero también hubo visitantes de otras urbes que tienen hasta tres multas en estadías de dos días. Según Gustavo Carrión, presidente de la Cámara de Turismo de Loja, los turistas se sienten afectados y genera una imagen negativa para la ciudad. “Prefieren no volver”.

Para el vicealcalde Franco Quezada (Movimiento Solidez, Esperanza y Respeto), el proyecto no busca concienciar a la población sobre la cultura de la seguridad vial sino que fue pensado en la sanción. “Los radares móviles eran ubicados en busetas con vidrios ahumados, sin alertas ni señalización”.

Esos argumentos valieron a los infractores lojanos para apelar las fotomultas y ganaron los procesos. Solo el abogado Marcelo Aguilera defendió más de 300 casos, entre otros los de Briceño, Macas y Durazno. “En todos se dio de baja a las multas y el Municipio debe devolver los pagos”.

Entre enero del 2016 y febrero pasado, la Unidad de Tránsito recaudó USD 1,2 millones por fotomultas. Para Aguilera, no se trata de tapar la infracción sino que los organismos reguladores actúen dentro de la ley. “Los equipos no están homologados, se violan los derechos de los conductores y se pretende regular el tránsito con una acción administrativa y no con una ordenanza”.

Por la supuesta inconstitucionalidad del proyecto y los reclamos generalizados, en noviembre de 2016 los ediles Quezada y Avendaño interpusieron una acción contencioso-
administrativa de carácter objetivo y de anulación por exceso de poder en contra de la resolución del Alcalde.

El pasado jueves, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Loja emitió la resolución por escrito aceptando parcialmente la demanda y declara nulo el acto normativo del alcalde Castillo y todos los ajustes realizados en la marcha. Pero el Burgomaestre anunció que apelará y el caso irá a casación.

Según Castillo, apelará porque “es una tontería lo que resolvieron”, pero no dio más información sobre el tema. Mientras tanto, el proceso de las fotomultas sigue en marcha, porque no existe una sentencia de última instancia.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (27)
No (4)