El Partido Conservador colombiano dividirá sus votos entre Zuluaga y Santos

La división en las filas del Partido Conservador de Colombia obliga a repartir los votos entre las candidaturas de los dos finalistas a la segunda vuelta presidencial del 15 de junio, Óscar Iván Zuluaga y el presidente-candidato, Juan Manuel Santos, señalaron hoy, miércoles 28 de mayo de 2014,  fuentes políticas.

Así quedaron definidas las atribuciones en sendos compromisos sellados este miércoles: el primero entre la bancada conservadora del Congreso y Santos y el segundo entre la facción del partido que lidera la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez y Zuluaga, acompañada por las "bases" del Partido Conservador. Tras una larga reunión, Ramírez y Zuluaga comparecieron junto con los portavoces de sus respectivos partidos en una rueda de prensa para anunciar la adhesión de "38 parlamentarios conservadores" a la campaña del movimiento Centro Democrático y la incorporación de sus dos programas electorales en cinco puntos. Zuluaga es apoyado por el expresidente colombiano y senador electo Álvaro Uribe (2002-2010), líder del Centro Democrático.

Los puntos acordados por Zuluaga y Ramírez son la justicia, la salud, la educación, la seguridad y el pleno empleo, así como un compromiso para "darle una oportunidad a la paz y a estos diálogos" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero "sin reclutamiento de niños, sin minas antipersona y con justicia", acotó la excandidata.

Por otro lado, otros 47 congresistas conservadores, entre senadores y representantes a la Cámara baja, firmaron una carta de apoyo a Santos en la que argumentan que esa alianza apuesta por el proceso de paz. El senador Efraín Cepeda dijo que "como partido de orden" la colectividad conservadora sólo puede respaldar la paz "porque eso se traducirá en mayor bienestar de los colombianos", lo que Santos agradeció al considerar que el 15 de junio obtendrá entonces un apoyo "contundente".

El Partido Conservador ha formado parte de la coalición oficialista de la Unidad Nacional durante los cuatro años de gobierno de Santos, pero en la convención de enero pasado sufrió un cambio de rumbo en el que se decidió no respaldar la reelección del presidente-candidato, sino presentar una aspirante propia. Ramírez salió elegida en esa ocasión en defensa de los principios propios del Partido Conservador pero tuvo que hacer una campaña a medias porque sus compañeros congresistas impugnaron su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral, que tardó tres meses en confirmarla y darle luz verde.

No obstante, el resultado fue positivo pues la conservadora se colocó en la primera vuelta del domingo pasado como la tercera candidata más votada con 1.995.698 papeletas (15,52 %), por detrás de Zuluaga (29,25 %) y de Santos (25,69 %). Además, el mismo domingo en su discurso de victoria Zuluaga abrió la puerta a una coalición con Ramírez, pues además de compartir visiones de seguridad y una postura contraria al planteamiento de paz de Santos, tienen una estrecha relación con Uribe.

Por otro lado, los otros dos candidatos presidenciales cuyo respaldo está en disputa, que son el verde Enrique Peñalosa y la izquierdista Clara López, quienes obtuvieron alrededor de un millón de votos y 1.958.414 sufragios (15,23 %), respectivamente, han tomado distintas decisiones. Peñalosa dio este miércoles "libertad" a los votantes de la Alianza Verde para que apoyen la candidatura que prefieran con una sola recomendación: "Es esencial la continuación y culminación de las conversaciones de La Habana y no hacerlo sería un error histórico", enfatizo.

"Hemos decidido no expresar apoyo público a ninguno de los dos candidatos en contienda. Invitamos a cada uno de nuestros electores a votar por la alternativa que mejor interprete los principios y propuestas programáticas de la alianza verde y ciudadana", agregó Peñalosa. Mientras tanto, el partido de López, el Polo Democrático Alternativo (PDA), definirá este jueves en una reunión si el sufragio es por la paz de Santos o si se decantan por el voto en blanco, que en segunda vuelta ya no tendrá validez jurídica alguna.

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