4 de November de 2009 00:00

Zelaya pierde round para volver pronto al poder

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Tegucigalpa, Reuters

Los líderes del Congreso de Honduras decidieron el martes pedir la opinión de los poderes judicial y ciudadano antes de votar la posibilidad de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria a una sesión clave para debatir el futuro del líder.

La decisión desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el Gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del derrocado mandatario.

"Confirmado, se acordó enviar a la Corte, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República", dijo Antonio Rivera, subjefe de bancada del Partido Nacional. "Una vez que hayan los reportes de los tres órganos nos reuniremos", añadió.

El acuerdo logrado la semana pasada, dentro de los intentos por superar la crisis desatada por el golpe de Estado de fines de junio, contemplaba la posibilidad de que el Congreso pidiera la opinión no vinculante de la Corte Suprema, pero la directiva parlamentaria sumó a otros órganos del poder público.

Zelaya tomó con calma la decisión de la Junta Directiva, "me parece que el Congreso debe ilustrarse. Ellos pueden pedir una opinión. Así quedó escrito en el acuerdo". La decisión de la Junta Directiva no fue unánime. Tres de los 13 miembros votaron en contra de pedir la opinión de la Corte Suprema e intentaron fijar un plazo de 24 horas para que los órganos consultados den su informe y así pudiera ser convocada la sesión para votar sobre el futuro de defenestrado mandatario.

El diputado liberal Erick Rodríguez dijo que pidieron la opinión de forma "urgente" a la Corte Suprema, Procuraduría y Fiscalía, pero no fijaron un plazo. "En Honduras 'urgente' a veces dilata. Hablas a la policía de urgencia y vienen en cuatro o cinco horas", dijo al comentar que por esa razón los dictámenes y un posterior llamado a la sesión "podría tardar una semana, un mes después de las elecciones".

Los parlamentarios están en receso por la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 29 de noviembre. La Corte Suprema dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya fue legal, debido a que el mandatario depuesto habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.
 

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