30 de mayo de 2014 12:04

Yasunidos sí habría conseguido las firmas para la consulta popular

Patricio Terán / el comercio


Enrique Mafla y Pablo Duque, de la Politécnica, presentaron el informe técnico realizado por un grupo de académicos. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Un grupo académicos de la Politécnica Nacional y de la Universidad Andina Simón Bolívar realizó una verificación técnica y puso en duda la fiabilidad y la precisión con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) verificó las firmas presentadas por el colectivo Yasunidos. Según este equipo, el colectivo habría superado el mínimo requerido para impulsar la consulta popular que evite la extracción petrolera del Yasuní-ITT.

En el informe presentado ayer 30 de mayo, luego de eliminar registros que eran ilegibles o carecía del nombre o número de cédula, nombres que no correspondían al padrón electoral, firmas nulas, en blanco o repetidas, Yasunidos habría llegado a completar 673 862 registros válidos. Sin embargo, para el Consejo Nacional Electoral (CNE), de los 757 623 que presentó Yasunidos, solamente 599 103 pudieron ingresar a la última fase.

De estas, 
359 161 fueron validadas, número insuficiente para dar paso a la consulta popular. 
Según Enrique Mafla, profesor de la Politécnica y especialista en sistemas, el trabajo que se hizo fue una muestra estadística sobre 2 508 formularios, que recogían 20 064 firmas, lo que daría un margen de error del 0,76%.

Para el análisis, se elaboró un programa informático que, luego de digitar el número de cédula de cada casillero, se comparaba con el nombre en el padrón electoral. Registrados todos los casilleros, el estudio arrojó un total de 19 009 firmas válidas.


Sin embargo, Mafla lamentó la poca información que se dispone del CNE, el no haber podido trabajar siquiera sobre las firmas que entraron en la fase de verificación final y que el organismo electoral no tuviera por lo menos un sistema informático adecuado para ello. 


“Es de todos conocidos que rescindió contrato con la empresa Scytl (que diseñó el Sistema Integrado de Administración Electoral por los errores en las elecciones del 23 de febrero) el 17 de abril y que tuvo que acudir al sistema que en el 2012 tantos problemas trajo” durante el proceso de calificación de las organizaciones políticas. 



A las críticas de Mafla, se unió Claudia Storni, profesora de Derecho de la U. Andina, con un efecto aún más grave: que el CNE no tomara en cuenta el artículo 169 de la Constitución, que afirma que “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

Y para Storni, las formalidades fueron excesivas y nada sustanciales. 

“Mucho de los registros, a pesar de no cumplir con todas las formalidades previstas, permiten identificar a las personas, la autenticidad de la firmas y su pertenencia al registro electoral”, sostuvo. A su criterio, estos elementos deberían ser suficientes para validar los registros en aplicación al principio constitucional.

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