14 de noviembre de 2014 20:52

Yasunidos Chimborazo demandó a la CFN y a la empresa ERVIC S. A. por un supuesto daño ambiental

Yasunidos

Activistas de organizaciones ambientales llegaron a la Unidad Judicial de Colta con carteles sobre la defensa del páramo. Allí presentaron formalmente la denuncia. Foto: EL COMERCIO

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Redacción Sierra Centro

Este viernes 14 de noviembre de 2014, el colectivo Yasunidos Chimborazo y representantes de la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica de Riobamba, una ciudad andina del Ecuador, presentaron una demanda en la Unidad Judicial de Colta por un supuesto atentado ambiental que perjudicaría a
1 500 campesinos.

Los activistas ambientales se reunieron en la Casa Indígena de Chimborazo, donde ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron la situación de los habitantes de 12 comunidades de Juan de Velasco y Cañi, asentadas en los páramos de Tangabana, en Chimborazo, después de que la empresa guayaquileña ERVIC SA plantara un bosque de pinos ese sitio.

“Estamos preocupados porque hemos visto tres ojos de agua secarse. Los pinos crecen rápido absorben una gran cantidad del líquido vital y es un problema para la agricultura, para el ambiente y para la gente que vive ahí. Además, hemos recibido amenazas de los funcionarios de esa empresa cuando intentamos dialogar”, declaró Antonio Martínez, párroco del sector.

Los pinos están sembrados en una extensión de más de 600 hectáreas y según los demandantes se hizo con un préstamo de USD 500 000 que le otorgó la Corporación Financiera Nacional a ERVIC SA sin medir los impactos ambientales que causaría ese emprendimiento empresarial, por ese motivo demandaron también a la entidad estatal.

Yasunidos protesta

Los activistas ambientales ofrecieron una rueda de prensa en la Casa Indígena de Chimborazo. Foto: EL COMERCIO

“Queremos que retiren inmediatamente las plántulas de pino que fueron sembradas, que se detenga la plantación y que se restaure integralmente el páramo”, afirmó Nathalia Bonilla, miembro de Yasunidos.

Los demandantes indicaron, además, que este conflicto ambiental fue denunciado a la Gobernación de Chimborazo, al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (Magap) desde febrero del 2013, cuando los comuneros vieron a gente extraña sembrando en el páramo sin previo aviso.

“Hicimos reuniones y las autoridades nos prometieron tomar medidas. Ha pasado más de un año y nadie hizo nada, ahora estamos sintiendo las consecuencias. No entendemos cómo se pudo autorizar un emprendimiento dañino como ese”, enfatizó Martínez.

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