19 de January de 2010 00:00

El Yasuní-ITT, una prueba para A. País

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

El posible fracaso de la Iniciativa Yasuní-ITT se ha convertido en uno de los  problemas más fuertes que afronta    Alianza País, en sus tres años de ejercicio del poder.

Aunque en estos  36 meses  se han registrado varias  discrepancias  en apartes como la reorganización del Estado,  la  política minera, las reformas penales...,  el oficialismo no ha logrado procesar, casa adentro, las  discrepancias  ocasionadas por  este proyecto. A través de la Iniciativa, el Estado busca obtener al menos 3 500 millones de dólares  en cooperación financiera internacional,  a cambio de dejar bajo  tierra el petróleo  de esta reserva ecológica.

¿Por qué es un tema  espinoso para el oficialismo? Según Farith Simon, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito,  el Yasuní-ITT es un proyecto emblema que recoge
varios de los principios del Plan de Gobierno que sustentaron la campaña electoral de Alianza País. Es decir: el respeto a los derechos de la  naturaleza, la soberanía, el cambio de matriz energética, la no dependencia de la economía exclusivamente de la explotación de hidrocarburos...

Por esta razón, tanto el presidente Rafael Correa como las organizaciones ambientalistas  y de izquierda,  que ahora lucen confrontadas al Régimen, reclaman para sí la autoría y la legitimidad de este proyecto.
  
Si bien la crisis detonó la semana pasada con la renuncia del canciller Fander Falconí, en señal de rechazo a las críticas efectuadas por el Presidente al esquema de negociación, este capítulo  siempre fue   manejado desde dos tendencias  en el oficialismo. 

Pablo Dávalos, profesor de la Universidad Católica y ex colaborador de Rafael Correa cuando era ministro de Economía, dice que la una   es más  ideológica y  conservacionista,  representada por  Falconí y Alberto Acosta, la otra tendencia es  la pragmática y  extractivista, representada por el   presidente Correa y varios de sus colaboradores más cercanos. 

La incompatiblidad entre ambas visiones se hizo evidente desde  2008, cuando se  redactaba    la nueva Constitución. Los asambleístas de entonces,  entre ellos Mónica Chuji, Alberto Acosta,  discreparon con  Rolando Panchana, Irina Cabezas, entre  otros en temas como los derechos de la naturaleza y el acceso al agua.
 
Finalmente, quien  zanjó esa diferencia fue el presidente Correa, quien se inclinó por la tesis de Panchana.     Ello motivó la salida  del bloque de Mónica Chuji y después la de Alberto Acosta.

La ex secretaria de los Pueblos, Manuela Gallegos, reconoce esta división.  “Hay personas que están por otros intereses”, comentó en una entrevista  a  Teleamazonas.
 
Aunque   prefirió no dar nombres,  Dávalos dice que se trata de  los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, Nathalie Cely,  el asesor jurídico Alexis Mera... Este último, por ejemplo, puso ocho cuestionamientos al  borrador del fideicomiso que Ecuador se proponía firmar para la administración del dinero de la Iniciativa.
 
Para  Simon, la separación de las dos posiciones era inevitable, al  llegar el momento de  tomar posiciones.  “Las declaraciones de  Correa, en las que recurre a conceptos como traición y  deslealtad... le permiten ante el colectivo asumir el control del proyecto”.

El concejal quiteño  Norman Wray dice que Alianza País no cuenta, por el momento, con mecanismos internos que permitan superar estas divergencias que, públicamente, se proyectan como una fractura irreparable.

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