17 de March de 2010 00:00

¿Y la dolarización?

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León Roldós

El análisis de EL COMERCIO del 11 de marzo, sobre el drenaje de recursos del Banco Central por decisiones del gobierno, obliga a preguntar ¿y la dolarización? Si la respuesta del Gobierno es “no hemos pensado modificar el régimen monetario ni el cambiario”,  sería mentirosa.

Veamos el contrato con el que se entregó ilícitamente el bloque 20 de la Amazonía a Ivanhoe Energy Ecuador Inc., emblemático de la corrupción del gobierno, de octubre de 2008. La subcláusula  13.4  establece la posible corrección monetaria y cambiaria a favor de Ivanhoe: “..si se expidieren regulaciones –de entidades del Estado ecuatoriano- que afecten los derechos u obligaciones de la contratista imponiendo cuotas cambiarias o similares, previstos en esta cláusula, en el pago contractual establecido en el contrato, se incluirá un factor de corrección que corrija la afectación económica o financiera de la contratista”. Entre la corrupción  de los negocios públicos y la imposición presidencial, el riesgo de forzada desdolarización es preocupante.

Podría analizarse el castigo de los bonos de la AGD. Se emitieron contra créditos de emisión del Banco Central, del año 1999, anterior a la dolarización. Si emitir ese dinero no tuvo costo  para el Banco más allá de lo operativo, no era justo que el Estado sirva esos bonos con intereses. Su castigo en el activo - USD1100 millones- eliminó el mismo monto de deuda de la AGD al Central. Lo que se recupere será para la AGD que debe cubrir los   pasivos de que son acreedores los depositantes de los bancos cerrados.

En cuanto a los derechos especiales de giro que transfirió el FMI a los países miembros que requerían fortalecer sus reservas, que convertidos a dólares equivalieron 402.9 millones, debieron mantenerse en el Banco Central como activos, a pesar que el Ecuador no tiene moneda, más aún si en los planes del Gobierno está que se emita moneda nacional. La liquidez podía haber sido usada en proyectos e inversión, nunca como gasto y sucedió esto último. Se fueron los 402.9 millones en el Presupuesto de 2009.

Lo de la reclasificación de la reserva especial de revaluación del oro pasa de ser infracción a la Ley Orgánica de Régimen Monetario -que lo es- a peculado bajo la Ley penal. La reserva especial  debe ser una cuenta contable de ajuste del valor del oro, pero no utilidad, que sólo se produciría si se vende el oro.

La reserva especial acumulada por años, en noviembre de 2009, llegó a USD502 millones, el Gobierno impuso que se la declare utilidad que terminó transfiriéndosela al Presupuesto  y  ya se gastaron.

Un atraco a la liquidez de las entidades obligadas a depositar sus fondos en el Banco Central, porque el oro no se vendió y el gobierno no podía utilizar su revaluación  para apropiarse de liquidez de terceros.

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