12 de enero del 2017 00:00

Worley Parsons, observada por su fiscalización en dos proyectos

Refinería de Esmeraldas: 227 millones es el monto de los contratos. Foto: Archivo EL COMERCIO

Refinería de Esmeraldas: 227 millones es el monto de los contratos. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz
Mónica Orozco y
Arturo Torres (I)

La intervención de Worley Parsons (WPI) no solo se centró en la Refinería de Esmeraldas, sino en otras obras del sector petrolero. Este Diario cuantificó su participación en cuatro proyectos, con 16 contratos de fiscalización, supervisión, servicios de ingeniería y asistencia técnica. El monto de 15 de ellos suma USD 246 millones.

En la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro la fiscalización está a cargo de esa consultora, con un valor de USD 16,8 millones para la fiscalización del contrato de construcción del Acueducto la Esperanza de esta refinería. También efectuó trabajos denominados de Asistencia Técnica para evaluar las instalaciones Terminal Marítimo y Plantas de Almacenamiento y Distribución Monteverde, aunque el costo de esa participación no está disponible. Este servicio se inició el 7 de diciembre del 2015 y culminó anticipadamente el 29 de abril del 2016 por solicitud de Petroecuador, según informes técnicos a los que accedió este Diario. Según un informe de la propia Worley Parsons, de mayo del 2016, la realización de estos trabajos carece de contrato por lo que “se manejó la modalidad contractual de cancelación de las horas/hombre mediante un convenio de pago con Bajo Alto”.

Tanto en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas como en la fiscalización de la planta de gas de Bajo Alto, WPI ha tenido varias observaciones de la Contraloría, que detectó una serie de anomalías.

En la Refinería recomendaba las contrataciones, a la vez evaluaba y daba el visto bueno a las ofertas y fiscalizaba las obras. Las contrataciones que no contaban con su aval no tenían validez. Esa fue la orden del entonces gerente de Refinación ahora prófugo, Carlos Pareja Yannuzzelli. En un oficio del 3 de abril del 2014 señaló: “Con el propósito de mantener una sola línea de gestión, con empresas de reconocido prestigio y experiencia, dispongo que previa a la contratación de cualquier empresa, independientemente del monto de contratación, debe contarse con el visto bueno de Worley Parsons y esta gerencia. Cualquier contratación que se realice fuera de esta instrucción no tendrá validez”.

Hasta octubre del 2015, cuando se firmó el último contrato para la fiscalización, WPI todavía tenía bajo su control los contratos iniciales y complementarios de 15 contratistas. Entre los proveedores están: Tesca, Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica, Oil Services & Solution (OSS), Veolia, MMR Group, que son investigados por la Fiscalía, por supuestos cohecho y peculado. Entre los extranjeros constan: SK Engineering and Construction.

En un informe de la Contraloría del 2014 (0039-DAPyA-2013) se estableció que aunque la oferta de la surcoreana no cumplía las exigencias de Petroecuador, WPI dio el visto bueno a su contratación. Kino Kwon, representante de SK, aclaró que se contrató directamente con Petroecuador y que el fiscalizador no tiene ningún derecho o autoridad sobre el contrato.

Otra firma de origen estadounidense fiscalizada por WPI es MMR Group, cuyo representante supuestamente está preso en Panamá. A esta firma se le adjudicó de forma directa un contrato de rehabilitación del sistema eléctrico de la Refinería, en 2014. La obra tuvo un valor referencial de USD 84,5 millones, luego se presentaron cambios en el presupuesto, que elevaron el costo a 98,5 millones. Esto fue aceptado por la Comisión Técnica y por la subcomisión integrada por la propia WPI. Además se firmó un contrato complementario de 26 millones con el visto bueno de esa firma. La Contraloría cuestionó su participación en esta subcomisión, pues solo debía estar conformada por funcionarios de Petroecuador. Este Diario buscó la versión de la firma vía telefónica, pero nadie contestó.

Hay otros cuatro contratos de la empresa Nolimit, como representante de la extranjera EagleBurgman, que también estuvieron bajo vigilancia de WPI. Suman USD 151 millones y sirvieron como evidencia para procesar a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, por presunto tráfico de influencias. La mediahermana y la tía del exfuncionario (ahora preso), supuestamente laboraban en Nolimit, mientras que el mismo Bravo fue miembro de la Comisión Técnica que recomendó la contratación, según la Fiscalía. Pedro Crespo, directivo de Nolimit, explicó que la mediahermana fue contratada, luego de la suscripción de los contratos y la otra familiar no labora en la empresa.

Un fiscalizador facturó en dos proyectos a la vez

En la construcción de la planta de gas licuado de Bajo Alto, en 2014 WP recibió tres contratos, uno principal y dos ampliatorios, para fiscalizar la remediación de la obra que tenía daños estructurales y de equipos. Sumaron USD 3,5 millones. La fiscalización fue observada por la Contraloría en un informe de diciembre de 2015.

Por ejemplo, se determinó que Petroecuador firmó los contratos complementarios con WP para fiscalizar la remediación de las obras civiles, pese a que estas estaban suspendidas. A la fiscalizadora le pagaron USD 528 358 por fiscalizar trabajos que no se ejecutaron, según la auditoría.

La empresa subcontrató bajo la figura de asociación de firmas en un porcentaje mayor a lo permitido por la ley. Tampoco presentó los comprobantes de pago de los trabajadores ecuatorianos al IESS.

Sobre la utilización de personal se verificó que uno de los consultores de Worley Parsons, en calidad de ingeniero eléctrico en Bajo Alto, detalló horas de trabajo en las mismas fechas en las que reportó actividades en la Refinería de Esmeraldas, es decir que registró asistencia en dos sitios diferentes y por dos proyectos distintos. Sin embargo, los auditores no establecieron si existió duplicidad en el pago de otros profesionales, pues no pudieron acceder a la información de los registros de participación del personal de la empresa en otros contratos con Petroecuador.
Tampoco se conoció cuáles eran los valores que la fiscalizadora pagó por subcontratos, transporte, hospedaje, y no hubo una separación de las distintas categorías del personal técnico nacional, extranjero y administrativo.

Por ese motivo, se determinó que las remuneraciones eran hasta siete veces mayores al valor del sueldo de un gerente de Petroecuador. Los salarios del personal ecuatoriano de la fiscalizadora superaban los estándares nacionales.

Este Diario buscó la versión de WPI desde noviembre. Y se solicitó el martes la versión de sus directivos en Ecuador a un correo, pero en la respuesta indicaron que debía consultarse a Houston, a donde se envió un cuestionario que todavía no han respondido.

Documento de respaldo 


Informe de Contraloría sobre la planta Bajo Alto de Petroecuador que establece anomalías en Worley Parsons 


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