La repotenciación de la Refinería de Esmeraldas costó USD 2 300 millones. En marzo habrá otra paralización. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El Plan de Mejores Prácticas Para el Personal Técnico Operativo de la Refinería de Esmeraldas fue fiscalizado por la empresa Worley Parsons (WP), que dio el visto bueno al pago de productos que son observados por Petroecuador.
Este martes, 7 de noviembre, este Diario publicó que Petroecuador suspendió los tres contratos firmados con KBC por USD 149,2 millones, en vista de una serie de anomalías detectadas en los servicios y productos entregados y en presuntas violaciones a cláusulas contractuales.
Ese contrato, presupuestado inicialmente en 48,3 millones, no significó ninguna mejora en las prácticas del personal técnico de la Refinería.
La fiscalización del proyecto de Mejores Prácticas fue adjudicada a WP, el 28 de agosto del 2013 por USD 13 millones. La entrega de este convenio era parte de un paquete más grande de contrataciones a la empresa australiana, que desde el 2011 fiscalizó la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. En total se ha beneficiado de tres contratos principales y ocho complementarios, que suman 227,5 millones.
Esas contrataciones fueron refrendadas por el entonces gerente de Refinación de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado por asociación ilícita y cohecho.
En el plan de capacitación, la fiscalizadora WP verificó los respaldos que KBC presentó como evidencia y aprobó los pagos de los rubros planillados, pues “cumplían lo establecido en los convenios”, según los informes de fiscalización, revisados por este Diario.
En este proyecto, KBC subcontrató a los técnicos de la consultora Tecnazul para la capacitación.
Tecnazul también fue subcontratada en el mismo proyecto por WP, según el pago de aportaciones normales y de ajustes enviados al IESS, revisados por EL COMERCIO. Al ser Tecnazul subcontratista de KBC y de WP, se presume un conflicto de interés, según informes de Petroecuador.
WP subcontrató a Tecnazul en varios proyectos, incluido el de la rehabilitación de la Refinería. Por estos acuerdos esa compañía recibió 56,8 millones. Uno de los accionistas de Tecnazul es William Wallace Philips, esposo de Mónica Hernádez, quien fue asesora del expresidente Rafael Correa.
Juicios a representantes
Actualmente, dos directivos de Tecnazul enfrentan procesos judiciales iniciados por la Fiscalía. Se trata de la gerenta comercial de esa compañía, Sonia Calero, y el gerente general, Humberto Guarderas, enjuiciados por supuestamente hacer pagos a Álex Bravo, para beneficiarse de contratos.
Calero realizó seis transferencias a la cuenta de la empresa Girbra, de Bravo, que suman 348 926. En noviembre del 2013 también hizo un pago a la cuenta de la offshore Capaya, de Carlos Pareja, por 149 960. Ella está detenida en la cárcel de Latacunga, en donde cumple una sentencia de cinco años de cárcel por cohecho, que está en apelación. Su esposo, Huberto Guarderas, hizo dos transferencias por 456 194 a Girbra, en el Helm Bank, en el 2014 y está prófugo.
Este Diario buscó la versión de Worley Parsons y Tecnazul, pero sus voceros en Quito declinaron pronunciarse.
Venta no fue aprobada
En el 2016, KBC fue vendida a otra empresa, sin la autorización de Petroecuador. Con un oficio enviado el 12 de abril, el apoderado general de KBC comunicó que la compañía japonesa Yokogawa Electric Corporation adquirió todas las acciones de KBC, con domicilio en Inglaterra. Esta, a su vez, es propietaria de todo el capital social de la empresa KBC INC.
Petroecuador no aprobó esa operación, al menos no existe una evidencia documental.
Los representantes de esta compañía dijeron que no se pronunciarían en este caso.
Cinco informes de la Contraloría General
La Contraloría ha enviado a la Fiscalía General cinco informes con inicios de responsabilidad penal relacionados a los contratos de fiscalización y de servicios en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, a cargo de Worley Parsons (WP).
Los exámenes investigaron los tres contratos principales y ocho complementarios, que recibió esa empresa en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas. Estos fueron firmados desde el 2011 hasta el 2015.
Entre las anomalías se destacan pagos sin sustento técnico de horas de trabajo, desembolsos adicionales por tareas que ya se incluían en contratos originales, además de irregularidades en la subcontratación. Cuatro de estos expedientes están en indagación.
Otro de los casos se refiere al contrato para la recuperación de condensados fiscalizado por WP. Según los auditores, se recomendó la adjudicación del contrato a una empresa que estaba inhabilitada para firmar por Petroecuador. Se inició un juicio pero la Fiscalía se abstuvo de acusar a los cuatro implicados.
Actualmente un equipo de la Contraloría audita el Plan de Mejores Prácticas.
En contexto
El plan para capacitar al personal de la Refinería arrancó en el 2013, y terminará este año, según las condiciones contractuales. Para las autoridades de Petroecuador, ese proyecto no mejoró las prácticas del complejo de refinación.