16 de junio de 2014 21:23

Justicia aún no sabe cómo juzgar a los waorani

En la audiencia a los siete waoranis detenidos por la supuesta matanza a los taromenane. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la audiencia a los siete waoranis detenidos por la supuesta matanza a los taromenane. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Diego Bravo. Redactor

En las afueras del edificio de la Corte Constitucional (CC), centro de Quito, se reunieron Andrés Acaro, el abogado de los indígenas waorani procesados por su supuesta participación en la masacre contra una familia taromenane, y el dirigente wao Jorge Yeti.

Esperaban que comenzara la audiencia para saber con qué norma eran juzgados los 12 sospechosos de la matanza de marzo del 2013 (siete están prófugos). Ambos vestían trajes formales y llevaban carpetas con documentos en sus manos.

Los acompañaban otros dirigentes y esperaban que los sospechosos fuesen juzgados por su propia justicia, en caso de que se determinara si tuvieron relación con este hecho.

El proceso fue anunciado a finales del año pasado, cuando el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, pidió la intervención de la CC, porque en el concepto tradicional de la nacionalidad waorani y sus costumbres ancestrales “se considera a la venganza como normal”, como un mecanismo para mantener
“el equilibrio de la vida”.

Pero la Fiscalía pide que el hecho sea juzgado por la justicia ordinaria, porque se trata de “un atentado contra la vida”.

Por este caso, cinco indígenas waorani permanecen detenidos desde el 2013.

El pasado fin de semana, tres de ellos huyeron del centro de rehabilitación social de Coca, en Orellana. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, señaló que uno de los sospechosos fue recapturado y dos guías penitenciarios se encuentran detenidos para las investigaciones.

La diligencia se desarrolló en el cuarto piso de la Corte Constitucional (CC). Allí estuvieron Chiriboga; el defensor público, Ernesto Pazmiño y otras autoridades que manejan este caso.

También participaron los dos peritos antropólogos que colaboraron en la investigación de los pueblos no contactados.

En su intervención, Chiriboga planteó que la CC establezca la posibilidad de que se ejecute una condena de entre 16 y 25 años de cárcel, conforme lo establece el artículo 441 del Código Penal para estos casos.

“La Constitución dice claramente límites para esas jurisdicciones y estamos frente a un delito contra la vida (…).Estamos ante una aprehensión de dos menores que fueron captadas también en el lugar de los hechos y que una estaba en posesión de sus captores y la otra también…”, manifestó.

Se refería a las dos niñas taromenane que también fue llevadas luego de la matanza.

La Fiscalía, además, determinó en las investigaciones que la matanza se realizó con armas de fuego. Esto quiere decir que no se utilizaron las lanzas originarias de los pueblos no contactados que se confeccionan durante rituales ancestrales antes de ser utilizadas. Por eso, la entidad argumentó que se trata de un caso de genocidio.

Durante la exposición de Chiriboga, los abogados defensores de los inculpados lo escuchaban con atención y preparaban su documentación para exponer sus argumentos.

Pazmiño fue uno de ellos e hizo tres planteamientos ante la CC. Una es que se decline la competencia porque así “se va a fortalecer este proceso de cooperación y coordinación que nos dice la Ley entre la justicia indígena y ordinaria”.

La segunda es que la CC determine una pena atenuada en el caso de que se determinara que existe genocidio u otro delito contra la vida. La última es una salida negociada, en la que la Corte Constitucional y las autoridades de las organizaciones de la nacionalidad Waorani decidan una solución intercultural y consensuada del conflicto. “También aquí lograríamos esa coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria”, precisó Pazmiño.

Ahora, la Corte tiene 45 días para que se decida si los investigados son juzgados por las normas regulares o no.
Durante la audiencia, el juez ponente de la CC, Manuel Viteri Olvera, escuchaba cada una de las alegaciones presentadas por la Fiscalía y los abogados defensores de los inculpados.

Tiene previsto hacer un informe para presentarlo al Pleno del organismo para conocer un informe definitivo.

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