20 de octubre de 2015 00:00

Dos visiones waorani se enfrentaron en la CIDH

Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani y los representantes del Estado, en la audiencia de la CIDH. Cortesía: CIDH

Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani y los representantes del Estado, en la audiencia de la CIDH. Foto: Cortesía: CIDH

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Ana María Carvajal

Los principales dirigentes de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe) mostraron visiones distintas sobre la protección a los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario en la Amazonía: los tagaeri y los taromenane. Alicia Cahuiya fue la primera en ser llamada como testigo en el ‘Caso 12.979 Pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenani’, que entró en la llamada ‘etapa de fondo’ en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego podría pasar a la Corte Interamericana.

La Vicepresidenta de la organización indígena considera que la explotación de recursos naturales es la causante de los conflictos que derivaron en esta demanda: las matanzas entre waoranis y tagaeris y taromenanes en los años 2003 y 2006. Lo expuso frente a Rose Marie Antonine, presidenta de la mesa que recibió a la delegación ecuatoriana. Esta fue la única de las cuatro audiencias celebradas ayer a la que el Estado envió representantes.

Mientras tanto, Moi Enomenga, presidente de la Nawe, fue claro al decir que el Estado había firmado varios convenios con su pueblo, para acceso a salud y educación y que había pedido a las autoridades que se archivara el proceso legal en contra de 17 waorani por una matanza y secuestro de dos niñas taromenanes, en el 2013. Para él, se puede proteger a los pueblos en aislamiento voluntario si los waorani trabajan con apoyo del Estado.

El plan de medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario, que por recomendación de la CIDH rige en el país desde el 2006, fue el principal alegato de la defensa del Estado ecuatoriano. Sus abogados hicieron hincapié en que se ha aumentado el monitoreo para saber qué zonas cercanas a territorio waorani o pozos petroleros han sido visitadas por los indígenas que han rechazado el contacto.

También testificó en la audiencia Eduardo Pichilingue, quien coordinó la aplicación del plan en sus primeros años y estuvo a la cabeza de la implementación de la estación de monitoreo de Shiripuno. Pichilingue dijo que emitió varios informes sobre el plan, que en sus inicios estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente y que ahora es dirigido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En ellos relató que había pruebas de que en pozos como Armadillo y Hormiguero sur se constató la presencia de los grupos. Y si bien se suspendió la explotación petrolera, luego se la retomó.

Sin embargo, los abogados del Estado dijeron que la explotación petrolera no era el motivo del caso, sino que se trataba de un conflicto interétnico. Además, el país ha buscado solución a través de un cordón sanitario, que evite enfermedades a los indígenas aislados.

Esta audiencia fue transmitida en Acción Ecológica, en Quito, con el objetivo de que la socióloga Natalia Bonilla y los abogados Felipe Castro y Verónica Potes analizaran lo ocurrido al finalizar los alegatos.

Ellos coincidieron en que el tema de la explotación de recursos naturales ha sido el origen de muchos enfrentamientos que han dejado decenas de personas fallecidas. El acceso al agua, a la caza y la libre movilidad han sido el patrón de supervivencia de estas comunidades. Según Potes, el Estado debe preocuparse de evitar un “genocidio”, a través de una guerra entre clanes indígenas que se ha producido, en gran medida, por la explotación de caucho, madera y petróleo.

Al finalizar, Franco Viteri, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), vía Skype, dijo que no se puede reducir la protección a los tagaeri y taromenane a la operatividad del plan de medidas cautelares.Una supuesta amenaza que habría hecho Enomenga a Cahuiya de organizar a mujeres waoranis para que la golpearan hasta matarla le preocupaba. Ella, sin embargo, se mostró tranquila y, según la comitiva que la acompañó, dijo que lo tomaba como palabras al calor del momento, aunque evalúan medidas para protegerla.

Además, ayer se realizaron otras tres audiencias referentes al Ecuador en la CIDH. Sin embargo, el Estado no envió representación a ninguna de ellas. Según el abogado especializado en derechos humanos Salim Zaidán, las autoridades ecuatorianas no han asistido en los dos últimos años a audiencias temáticas, porque consideran que tienen motivaciones políticas. Pero sí lo hacen en la mayoría de audiencias de peticiones y casos.

La última audiencia fue la de defensoras de derechos humanos de pueblos indígenas y del ambiente. Margoth Escobar, a pesar de no tener autorización de las autoridades judiciales para asistir, viajó a Washington para dar su testimonio. Ella fue apresada y golpeada en las manifestaciones de agosto pasado.

En contexto 

Ayer se realizaron dos audiencias de caso y dos audiencias temáticas, en la Comisión Interamericana de DD.HH., para delegaciones ecuatorianas. El país envió su delegación por primera vez en dos años, pero solo asistió a una audiencia.

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