18 de January de 2010 00:00

Estado vs. individuo

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Benjamín Rosales

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El martes pasado vimos en  televisión una cadena del Gobierno para atacar a un ciudadano que sufrió un accidente de tránsito y que, actuando con responsabilidad y solidaridad cristiana,  recogió al herido, lo transportó a un hospital y se hizo cargo de los gastos de su curación. 

Difícil entender el objetivo de la costosa y reprochable utilización de los medios.  Se pretende denigrar a quien actúa como honesto caballero en un país en que la mayoría de conductores huyen sin ayudar a las víctimas.

No es la primera vez que el Gobierno usa cadenas para atacar a periodistas.  Carlos Vera, primero, y Jorge Ortiz, después,  han sido objeto de agresiones personales en burdos documentales realizados con recursos estatales.  Ahora le tocó el turno a Jaime Mantilla, director de Hoy. 

El Presidente tendría derecho, aunque se equivoca al hacerlo, a considerar como enemigos personales a quienes critican sus exabruptos e ineptitudes gubernamentales, e incluso a despotricar contra ellos en las vergonzosas diatribas sabatinas, pero no tiene derecho a usar  recursos estatales, el tiempo de medios y ciudadanos, para atacar y pretender denigrar a ciudadanos por ejercer su libertad de expresión.

Las cadenas  deben ser utilizadas para informar y educar a la ciudadanía sobre temas importantes, como actuar en emergencias por fenómenos naturales, sobre seguridad vial y sanitaria, por ejemplo;  sería aceptable incluso, que los gobiernos informen sobre sus objetivos y realizaciones;  pero utilizar las cadenas para atacar a personas consideradas opositoras, es totalmente repudiable  y abusivo. 

Si para algo fuera necesaria una ley de Comunicación, sería para regular el abuso que se pueda dar en los medios estatales, en la práctica del Poder Ejecutivo, y en las cadenas nacionales,  por parte del Gobierno de turno. 

No es solo porque hay que evitar el abuso contra los derechos humanos de ciudadanos considerados opositores por algún Régimen, sino también para que no se utilicen sistemas de comunicación financiados con recursos estatales para realizar campañas políticas de gobernantes, en perjuicio de candidatos opositores en procesos electorales presidenciales, ahora que la Constitución permite la reelección inmediata.

Es importante que los asambleístas, que tienen un acuerdo para que la ley en consideración no se convierta en una ‘ley  mordaza’, incluyan normas que eviten que el aparato estatal de comunicación abuse de su poder para atacar a individuos que le resultan molestosos.  Los medios de comunicación y las cadenas estatales deben informar con ética, en beneficio de la ciudadanía en general, y los gobernantes deben ser impedidos de usarlos para saciar odios personales.

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