2 de febrero de 2018 20:02

Unos 80 000 uniformados, entre militares y policías, brindarán seguridad durante la jornada de votaciones

Militares y policías brindarán seguridad en los recintos electorales de Ecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Militares y policías brindarán seguridad en los recintos electorales de Ecuador. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Agencia EFE

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La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Marcela Paredes, durante un recorrido de acompañamiento al llamado "voto asistido" a ancianos y personas con discapacidad efectuado hoy en varias regiones del país, indicó que todo está listo para la jornada del domingo.

"A nivel nacional son alrededor de 80.000 los policías y (efectivos) de las Fuerzas Armadas que se han desplegado en las 24 provincias" del país para garantizar "la seguridad del proceso en todas las áreas geográficas", aseguró Paredes.

"Todo está desarrollándose con absoluta normalidad y aspiramos a que el domingo 4 de febrero la ciudadanía pueda ejercer su derecho al sufragio con absoluta tranquilidad", subrayó la autoridad electoral.

Mencionó que, como parte de las medidas de seguridad especiales que se han adoptado, en el municipio de San Lorenzo de la provincia costera de Esmeraldas (noroeste) y fronteriza con Colombia, se han destinado a 1 600 policías para resguardar la seguridad del proceso.

El pasado sábado, una unidad policial de San Lorenzo fue objeto de un ataque con coche bomba, que no dejó víctimas mortales pero que destruyó el recinto del orden y afectó a varias casas a la redonda.

El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, aseguró recientemente que unos 33.000 militares y dijo que serán 48.000 los policías que se destinarán para reforzar la seguridad durante la jornada de consulta.

Asimismo, la Policía ecuatoriana vela desde este mediodía por la plena vigencia de la llamada 'Ley seca', que prohíbe el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el país y que se extenderá hasta el mediodía del lunes próximo.

En el marco del dispositivo de seguridad del proceso de votaciones, el CNE ha informado de que, además del despliegue del personal uniformado a nivel nacional, se dispondrá del sistema de vigilancia (ECU-911) para el control de la seguridad ciudadana.

Asimismo, indicó que las cámaras de videovigilancia del ECU-911 efectuarán un monitoreo permanente de los recintos electorales a escala nacional.

El control de dichos recintos, a cargo del personal de las Fuerzas Armadas, comenzó este viernes, informó el CNE.

Por su parte, las misiones de observación internacional empezaron su despliegue por el país para acompañar la jornada de votaciones, tras lo cual presentarán informes y sugerencias para mejorar el proceso.

Se prevé que unos 150 comisionados extranjeros supervisen la jornada, entre ellos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés).

Son 13.026.598 electores dentro y fuera del país los facultados para acudir a las urnas el domingo, 395.178 de ellos inscritos en el exterior.

En Ecuador el voto es obligatorio para los mayores de edad y facultativo para los menores de entre 16 y 18 años, así como para los ecuatorianos en el exterior, militares, policías, personas con discapacidad y extranjeros que residan en el país al menos cinco años.
El proceso de votación irá este domingo desde las 07:00 hora local (12:00 GMT) hasta las 17:00 horas (22:00 GMT), cuando cerrarán las 35.108 Juntas Receptoras del Voto (JRV) que se instalarán a nivel nacional.

Reformas y enmiendas constitucionales sobre la lucha anticorrupción, la reelección indefinida, la plusvalía, el cuidado del ambiente en proyectos mineros y petroleros y que los delitos sexuales a niños sean imprescriptibles forman parte de las siete preguntas que irán este domingo a consulta.

Las cinco primeras forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos.

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