Visiones contrapuestas sobre el alcance de las tareas de inteligencia

El 27 de julio del 2015, la Senain permitió que la prensa ingresara a sus instalaciones. Foto. Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El 27 de julio del 2015, la Senain permitió que la prensa ingresara a sus instalaciones. Foto. Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El 27 de julio del 2015, la Senain permitió que la prensa ingresara a sus instalaciones. Foto. Archivo / EL COMERCIO

El sistema de Inteligencia puesto en marcha en este Gobierno ha sido cuestionado. Por ejemplo, el 15 de julio del 2015, legisladores de oposición acudieron a la Senain, para ser recibidos por su titular, Rommy Vallejo, y pedir que se aclare un posible espionaje a políticos ecuatorianos.

La denuncia se conoció luego de que la empresa Hacking Team fuera ‘hackeada’ y se conociera una lista de usuarios de su programa de ciberespionaje; allí apareció Ecuador.

12 días después, Vallejo recibió a periodistas en la Sanain, que funciona en una casa que originalmente era de William Isaías, exdueño de Filanbanco.

Allí, el funcionario sostuvo que no hace espionaje y no dio información sobre los contratos, equipos o software que se usan para las interceptaciones avaladas por la ley, pues señaló que están amparados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Tampoco se refirió al tema de Hacking Team.

En esta administración, los sistemas de rastreo dieron un vuelco por completo a raíz del ataque a Angostura, el 1 de marzo del 2008. El Gobierno reorganizó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y creó la Secretaría de Inteligencia (de carácter civil), pues denunció una supuesta infiltración de la CIA entre militar y policial, que hacía esta tarea.

Para entonces, las autoridades decían que la idea del nuevo ente es recopilar información urgente, “que permita alertar de todo tipo de amenazas, como posibles crisis económicas, desastres naturales, incremento de la delincuencia organizada transnacional o cualquier otro factor que potencialmente altere la paz, soberanía y orden público”.

Pero el presidente Rafael Correa reconoció que la Secretaría y sus operaciones fallaron durante el 30 de septiembre del 2010, cuando los policías se insubordinaron desde Quito.

Mientras se producían estos hechos, el titular de esa dependencia, Francisco Jijón, participaba en el curso denominado Estudios Estratégicos; Inteligencia Prospectiva, que se desarrollaba en la Flacso.

Jijón dimitió el 26 de octubre del 2010 y en su lugar fue posesionado el excomandante de la Marina, Homero Arellano. Ese día, el Mandatario aseguró que hubo errores de la Secretaría de Inteligencia al no informar acerca de la magnitud que representaba la sublevación policial. “Estamos en cero en materia de vigilancia para la seguridad interna”.

En el 2013 se seguía hablando de las fallas de la Secretaría durante el 30-S. “A ese día, la institucionalidad de la Secretaría Nacional de Inteligencia era incipiente. (…) El mando civil aún dependía de los subsistemas de Inteligencia militar y policial en la generación de información relevante para la gobernabilidad y para la seguridad interna”, aseveró entonces el titular de la comisión investigadora, Carlos Baca.

Las autoridades dijeron que se quiere cambiar la forma de operar y, por eso, incluso se organizó un Seminario Internacional, Cultura de Inteligencia (20 de noviembre del 2013).

La idea fue fortalecer el sistema, “porque sus actividades no son conocidas por la ciudadanía, a pesar de su gran importancia para la adecuada toma de decisiones de alto nivel”.

En esa cita estuvo el Secretario de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, contra quien el 27 de enero pasado se emitió una orden de captura, aunque su abogado, Cristian Jaramillo, decía desconocer el tema.

Hasta ayer, Romero seguía prófugo y su defensa buscaba que se revocase la orden de captura que fuera emitida por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Enríquez.

Las propuestas

¿Qué pasará con el trabajo de Inteligencia en el próximo Gobierno? El candidato presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, asegura que todo es perfectible y que esto “es fundamental para la seguridad y para la protección de la integridad del país y de nuestra soberanía”. Advierte que todos los países cuentan con estos esquemas para enfrentar las amenazas externas, que puedan existir y afectar.

El candidato de Creo, Guillermo Lasso, en cambio, advierte que de llegar al Palacio de Carondelet desmantelará todos aquellos sistemas de Inteligencia “que han pretendido darle vida a la dictadura de un partido político”.

Dice que el manejo será institucional y “en función del interés de todos los ecuatorianos”. “Las Fuerzas Armadas se van a encargar de la seguridad del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y de las autoridades del gobierno y junto a la Policía Nacional fortaleceremos el sistema de Inteligencia”.

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