30 de diciembre de 2016 12:14

La violencia de género se combatirá mencionan los candidatos

El 26 de noviembre, miles de personas participaron de la marcha Vivas Nos Queremos contra el femicidio. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

El 26 de noviembre, miles de personas participaron de la marcha Vivas Nos Queremos contra el femicidio. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Redacción Sociedad

En noviembre del 2016, el Papa Francisco ordenó a los sacerdotes conceder el perdón ante el ‘pecado’ de abortar. Esto avivó un debate que se abordó desde varios campos, como el jurídico.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la interrupción voluntaria del embarazo con cárcel. Así, la mujer que lo autorice debe pagar una pena de hasta dos años y el médico que la ayude, de siete a 10.

En julio, el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU mostró su preocupación porque, a su criterio, el COIP criminaliza el aborto. Hay dos excepciones: cuando esté en riesgo la salud de la madre o si una mujer con discapacidad mental fuera la gestante. La ONU recomendó al Estado revisar esta norma, en caso de violación o incesto y por discapacidad del feto.

María Paula Granda, del Movimiento de Mujeres, dice que se trata de un tema de salud pública. En el país no hay datos sobre el número de abortos clandestinos. Existe un registro de abortos ‘no especificados’. Representa la segunda causa de morbilidad en las mujeres, según el INEC.

Pilar Rassa, del Colegio de Abogados de Pichincha, recordó que esa organización envió a la Asamblea un pedido de reforma del COIP para despenalizar el aborto por violación.

No es la única preocupación de grupos de mujeres. El 26 de noviembre, miles de personas participaron de la marcha Vivas Nos Queremos contra el femicidio. Ese delito está tipificado en el COIP desde que rige (agosto 2014).

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado ha registrado 108 denuncias por el delito; 32 sentencias condenatorias y 14 por tentativa de femicidio.

En el país, seis de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia, según el INEC (2012). La Fiscalía busca ajustes al tipo penal de violencia psicológica para que no sea ambiguo, para mejorar la respuesta y proteger a víctimas de manera oportuna.

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