9 de febrero de 2017 12:13

Quema de casas, destrucción de ropa y cuadernos... las evidencias de la violencia a la mujer en Ecuador

Kety Muñoz es jueza de la unidad contra la violencia a la mujer en Pichincha y dice que al día atiende entre siete y ocho casos de maltrato a mujeres. Foto: Archivo / EL COMERCIO

En Ecuador no existe esta figura legal para la destrucción patrimonial de las mujeres, pero en otras naciones como Costa Rica, Panamá y Uruguay, estos hechos están tipificados como un tipo de violencia intrafamiliar. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Fernando Medina

La pequeña casa de caña quedó en cenizas en menos de dos horas. El fuego consumió las paredes y el techo cubierto con lámina. Allí vivía Gisella con su hijo.

Unos días antes del siniestro, la joven de 23 años abandonó el inmueble, pues fue amenazada por su expareja.

Familiares de la chica contaron que se negó a volver con él y por eso le roció la vivienda con gasolina y le puso petardos en los extremos. “Quería que se quede en la calle”, dijo uno de los vecinos a la Policía. Sucedió el 28 de diciembre en Durán, un cantón de Guayas. La denuncia fue presentada por la joven, pues era su única propiedad.

La Fiscalía investiga los hechos como un delito, pero para Maríangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, este también es un tema de violencia patrimonial a la mujer.

En el país no existe esta figura legal, pero en otras naciones como Costa Rica, Panamá y Uruguay, estos hechos están tipificados como un tipo de violencia intrafamiliar. Las legislaturas de esas naciones definen a este tipo de actos como la destrucción de bienes materiales o propiedades de la mujer con el ánimo de afectarla psicológicamente.

Agentes del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía (DEVIF) advierten que en el 2016 se han presentado al menos cinco de estos casos graves a escala nacional.

En diciembre, en Quito, otro hombre intentó incendiar la casa de su expareja en Guamaní (sur). La Policía llegó antes de que el sospechoso le prendiera fuego al inmueble de una planta. La propietaria también contó que se negó a regresar con su pareja.

En el Ecuador, la destrucción de bienes de mujeres es un tema a diario que se trata en los juzgados.

Kety Muñoz es jueza de la unidad contra la violencia a la mujer en Pichincha y dice que al día atiende entre siete y ocho casos de maltrato a mujeres.

De estos, en al menos tres, las víctimas dicen que sus parejas les destruyeron objetos como celulares, computadoras, útiles escolares, herramientas de trabajo y ropa.

Esos casos son sancionados por los jueces como violencia psicológica, estipulado en el art. 157 del Código Penal.

La normativa establece una escala de penas que van desde un mes hasta tres años de cárcel, todo depende del grado de afectación a “la salud mental por actos de perturbación, amenaza, humillación, hostigamiento…”

De hecho, este tipo de agresiones son las que más se denuncia. Hasta noviembre la Fiscalía decía que la violencia psicológica ocupaba el primer lugar en el maltrato a mujeres con un 76% en todos los casos, seguido de la violencia física y sexual.

En cuanto a los bienes, los jueces ordenan que se reparen o se remplacen por nuevos. De esta forma, la jueza Muñoz ha hecho que conyugues devuelvan camas, veladores, puertas y hasta vehículos.

Aunque no existen cifras actualizadas de este tipo de violencia en el país, en el 2014 la última encuesta del INEC, sobre las relaciones familiares y la violencia de género, detalló que la agresión patrimonial es el tercer tipo de violencia que el hombre ejerce en contra de la mujer.

El estudio indicó que este tipo de agresiones son de “gran magnitud”. Por eso, para la asambleísta Mariangel Muñoz, se debe implementar una normativa que especifique este tipo de violencia hacia las mujeres y su sanción respectiva.

Por eso, desde la comisión de Justicia se impulsa una reforma al COIP para que estos casos también sean juzgados como una contravención.

La idea es que cuando se afecten a bienes de la mujer o miembros del núcleo familiar, el agresor sea sancionado con cárcel o trabajo comunitario, y además sea sometido a un proceso de rehabilitación, de esta forma se fomenta que las víctimas denuncien las agresiones.

Hilda es una mujer de 34 años y por tres ocasiones su esposo le ha dejado sin vestuario. Con tijeras y cuchillos le ha dañado faldas, blusas y tacos. “Ojala así entiendas que no me gusta que seas exhibicionista”, le dijo hace tres meses.

Cuatro meses antes también le destruyó un vestido púrpura ceñido al cuerpo. Esa prenda la manchó con tinta roja y luego la lanzó a la basura. “Lo denuncié, pero luego abandoné el proceso, es muy celoso”, cuenta.

Algo similar le sucedió a Vilma, una joven de 26 años que vive en Chillogallo, al sur de la ciudad.

Ella se separó de su novio porque le destruyó sus cuadernos y libros de la universidad. “Decía que no le gustaba que estudiara porque lo iba a dejar por otro hombre", cuenta.

La agresión sucedió en mayo del 2016. Desde entonces tiene una boleta de auxilio. Cuando le entregaron el documento también le dijeron que podía denunciarlo como agresión psicológica, pero ella prefirió dejar las cosas así.

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