1 de abril de 2015 21:17

Vinicio Carvajal salió libre por indulto tras 18 meses de cárcel

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Diego Bravo

Las puertas metálicas se abrieron a las 16:20 y el policía Vinicio Carvajal Castillo, de 34 años de edad, salió de la Cárcel 4, en el norte de Quito. Llevaba a su pequeño hijo en brazos y lloraba, porque recuperó la libertad tras permanecer detenido 18 meses.

Él es uno de los seis uniformados sentenciados, el 25 de agosto del 2014, a 12 años de reclusión por supuesto intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010.  Y es el único de ese grupo que se acogió al indulto para salir libre.

Vestía traje formal gris y fue corto en sus declaraciones. “Agradezco, principalmente, al Presidente por darme la oportunidad de estar con mis hijos, por darme esa segunda oportunidad para estar con ellos. Agradecer a todos los que me ayudaron a estar afuera, a los ministerios que me ayudaron para estar en esto ahora (...)”. 

Luego se subió en un vehículo todoterreno y abandonó el centro de rehabilitación social rápidamente. A ese sitio también acudieron los familiares de los otros cinco policías procesados que se encuentran detenidos y que no aceptaron el indulto. Ellos insisten en dialogar con el Jefe de Estado para lograr acuerdos.

“No me parece justo (…) Mi esposo no estuvo uniformado ni enmascarado ni encapuchado. Deben revisar cada caso, porque no se merecen 12 años de prisión ya que es demasiado. No pedimos indultar, porque somos inocentes, no se trata de orgullo. Seguiremos luchando”, dijo Silvia Pin, esposa del uniformado Eduardo Mullo.

La mujer estaba acompañada de los parientes de los otros gendarmes procesados que lloraban mientras veían cómo Carvajal se abrazaba con sus hermanos, amigos, primos, padres y esposa.

“Vine porque me enteré por televisión que le iban a dejar libre. Quiero que el señor Presidente sea justo y que se cumplan los Derechos Humanos como él dice porque aquí no hay justicia. Mi marido está preso un año y cinco meses”, relató Amparito Martínez, esposa del agente Luis Guanotasig.

¿Cómo se encuentra su caso? Los abogados de los cinco policías apelaron la sentencia de 12 años emitida por el Tribunal VII de lo Penal de Pichincha por tentativa de asesinato al Jefe de Estado. El caso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia.

Casos activos y sentencias del 30s


Los beneficios


El caso de ayer no es el primero dentro del 30-S. Ya ocurrió con otros uniformados. En marzo del 2012, el Jefe de Estado firmó el decreto para indultar a los gendarmes Luis Bahamonde y Jaime Paucar.

¿Quiénes eran ellos? Los dos también fueron condenados por un intento de magnicidio. Paucar fue quien -según la justicia- intentó quitar la máscara antigás a Correa, mientras se hallaba en los patios de la Policía. En el caso de Bahamonde, este fue juzgado por “rociarle gas pimienta” al Mandatario.

En el artículo 147 de la Constitución se indica que una de las atribuciones del Presidente de la República es indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo a la ley.

Pero ayer, Luis Ángel Saavedra, presidente de Inredh (organismo de DD.HH.) dijo que la figura aplicada es legítima, aunque hizo una observación: “En este caso lo que está en entredicho es si hay o no culpabilidad de esa persona, pese a que la justicia ya le declaró culpable. Es decir, esto le resta valor a esta figura”. De allí que asegura que el beneficio se da “en el marco de un juicio que hubo presiones de muchos lados”.

El jurista Farith Simon advierte que hay una particularidad en este caso: “A la persona que se concede el indulto es el sujeto pasivo del delito y lo da la víctima”. Pero también asegura que “el Presidente de la República tiene esa facultad. Él ya había anticipado que se daría este recurso después de que los sentenciados pidieran las disculpas respectivas”. 

La potestad de otorgar este beneficio también se establece para la Asamblea Nacional. En la Constitución se dice que podrá “conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.

139 sentenciados 

El policía Carvajal era parte de los 139 sentenciados por los hechos del 30-S, según los registros de la Fiscalía. La entidad también refiere que 47 casos se encuentran abiertos.

Joffre Tapia es abogado de Carvajal y cuenta que esperaron seis meses y 14 días para que les notificaran. Este Diario conversó con él en su oficina ubicada en el centro de Quito y allí contó que se enteró porque periodistas le llamaron para preguntarle sobre lo ocurrido. “Al principio lo tomé como una broma, pero luego lo confirmé cuando me dijeron que tenían el documento y me felicitaron”.

No obstante, el abogado hizo una precisión. Argumenta que él y Carvajal solamente aceptaron la pena (los 12 años por presunto intento de magnicidio al Primer Mandatario), pero no el delito. “Se está mal entendiendo que nosotros aceptamos la participación en los hechos ocurridos ese día. Nosotros siempre hemos negado la participación en lo que pasó”.

Ese 30 de septiembre, los policías se insubordinaron y todo comenzó en las instalaciones del Regimiento Quito. Los agentes quemaron llantas y en medio de esos hechos llegó el Jefe de Estado. Las cosas terminaron en la noche con la salida de Correa del hospital policial.

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