7 de septiembre del 2016 00:00

El uso de videos privados en la indagación de delitos es común

La Policía detuvo a tres personas por su presunta participación en el robo a una farmacia. Foto: Policía

El 18 de agosto, las cámaras de seguridad captaron el robo de una farmacia al norte de Quito. La Policía detuvo a cuatro personas por ser presuntamente parte de una banda. Foto: archivo particular

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Fernando Medina
Redactor (I)
fmedina@elcomercio.com

Apuntó directamente a la cabeza del policía y tiró del gatillo dos veces. El uniformado estaba a dos metros del armado, pero las balas no salieron, pues el revólver calibre 38 se dañó y los proyectiles no detonaron.

Esos momentos fueron captados por las cámaras de seguridad de una farmacia en el norte de Quito. El local fue asaltado hace 21 días y las imágenes fueron claves en la investigación de los agentes.

En la grabación, que fue presentada ante un juez como prueba del delito, se puede ver cómo tres hombres con capuchas y gorras ingresan al local en horas de la noche e intentan robar USD 600 de la caja.

Segundos después llegan los agentes y el asalto es frustrado. Tras la detención, los uniformados revelaron que luego de ver las grabaciones detectaron que se trataba de la misma banda que había cometido otros 10 asaltos en el norte de la capital. Los identificaron porque los sospechosos aparecen en otras cuatro filmaciones de locales que fueron vulnerados.

Agentes de Inteligencia que investigan robos y asaltos aseguran que luego de un delito, lo primero que hacen es buscar una cámara cerca del lugar del hecho. Con una sola imagen pueden detectar características que identifiquen a los sospechosos. Por ejemplo, horarios en los que operan, vestimenta que usan, armas que tienen y el total de integrantes.

De allí que, en el robo de la farmacia supieron que se trataba de la misma banda. Por eso, la Fiscalía, luego de analizar las imágenes los acusó por el delito de asociación ilícita y ahora podrían ser condenados a nueve años de cárcel.

De hecho, el uso de grabaciones privadas en los juicios es frecuente. Así lo confirma la fiscal provincial de Pichincha, Tania Moreno. En una entrevista con este Diario reveló que del total de grabaciones de video que se usan como pruebas en los juicios, el 50% corresponde a las cámaras que estuvieron dentro de locales, viviendas y conjuntos residenciales particulares. Aunque aclara que, por ser privados, los videos son sometidos a pericias más rigurosas que las filmaciones de equipos públicos. La idea es que no estén alterados, pues se convierten en “pruebas técnicas”, para esclarecer los ilícitos o identificar a los posibles responsables.

De hecho, en Pichincha, la Fiscalía advierte que las imágenes de estos dispositivos se han usado en juicios por robo, asalto, violencia intrafamiliar. Incluso entran en los expedientes por secuestros, agresiones sexuales, asesinatos.

Uno de los últimos crímenes que se investiga con ayuda de videos privados fue el asesinato de la ginecóloga Alexandra Soria. La mujer fue hallada sin vida el pasado 20 de agosto.

Un día después, su hija de 19 años fue detenida por ser la presunta responsable. El ministro del Interior, José Serrano explicó que llegaron a esa conclusión luego de ver los videos de la urbanización en la que vivía la especialista.

En las imágenes se observa a la doctora llegar sola en su vehículo a las 21:00. Luego ingresa otro carro con su hija y un hombre. Tras varios minutos en la vivienda, la pareja vuelve a salir, pero esta vez en el carro de la ginecóloga. Otra imagen registró el momento en que la joven regresa en un taxi.

Horas después la Policía encontró el vehículo de Soria abandonado en la Panamericana Norte y en la cajuela el cuerpo de la especialista.

Por eso, para Serrano las imágenes privadas “fueron claves” en este caso. Además, asegura que la legislación faculta que las grabaciones de cámaras de seguridad sean pruebas en caso de ilícitos. Eso se advierte en el art. 471 del COIP. De allí, que dice que “cualquier persona” puede tener un equipo de grabación dentro de sus locales y casas.

En el país, la compra de estos equipos privados va en aumento. Eso lo corroboran tres compañías que ofrecen estos productos. Según los reportes de ventas de las empresas, un promedio de 500 y 600 cámaras son vendidas cada mes.

El 70% de esos equipos van a locales comerciales y un 30% a viviendas o conjuntos.

Precisamente, uno de estos últimos equipos captó hace siete días un asalto tipo sacapintas. Un motorizado esperó fuera de un edificio a una mujer que había retirado del banco USD 12 000. El sospechoso se le abalanzó y le apuntó con un arma. Le arrebató el dinero y se fue. Ahora las imágenes reposan en la Fiscalía, como pruebas de lo sucedido.

La verificación de videos privados

Tras un asalto, los agentes establecen la procedencia de las cámaras privadas. Todos los equipos deben tener un dueño o un responsable.

Luego, la Fiscalía ordena que las grabaciones sean entregadas para su análisis correspondiente. El propietario de la cinta debe entregarla obligatoriamente.

En una audiencia privada se extrae el contenido de la cámara. Este proceso debe ser autorizado por un juez y debe estar presente el Fiscal que lleva el caso.

El video es sometido a una pericia técnica. Allí se verifica que no haya sido adulterada o modificada. De ser así, la Fiscalía puede procesar al dueño de la cinta.

En contexto

Las grabaciones de cámaras privadas se almacenan hasta por tres meses. Las empresas que otorgan el servicio dicen que en promedio para resguardar un local o una casa se necesita de al menos cuatro dispositivos. Eso podría costar hasta USD 600.

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