11 de julio de 2014 00:00

Las víctimas se unen para frenar embargos y juicios de usureros

Archivo /EL COMERCIO

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Red. Cuenca y corresponsales

Quieren recuperar sus propiedades embargadas y responder a los juicios que les plantearon los usureros. Por eso se organizaron en Pichincha, Azuay, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas y Loja. Ahora son más de 2 000 y pertenecen al Movimiento Pro Justicia contra la Usura y Corrupción.

También quieren evitar que más personas pierdan sus bienes.
La idea surgió de la quiteña Norma Carrasco, quien fundó el movimiento. Ella falleció en diciembre pasado sin recuperar su vivienda edificada en un terreno de 1 200 metros cuadrados, en Conocoto (norte).

Hace 11 años se endeudó en USD 10 000 para un tratamiento médico, pero solo recibió 8 000. El resto quedó como garantía. Al año fue demandada por el prestamista y pidió USD 30 000 más intereses. Perdió el juicio y remataron su propiedad y dos locales comerciales que tenía.

Desde entonces, ella luchaba por recuperar sus bienes y, ahora, su esposo continúa en ese objetivo. Esa historia y la de otras familias son conocidas por Cristina, quien también perdió su propiedad de 15 hectáreas en Tumbaco (afueras de la capital), por un crédito de USD 25 000.

Según ella, por la crisis bancaria de 1999 los anuncios de prestamistas proliferaron. “En Quito y Guayaquil un grupo de profesionales eran los oferentes y estaban en red”.

En cambio, en Cuenca y Loja son los coyotes dedicados al tráfico ilegal de migrantes. En Santo Domingo de los Tsáchilas y Chimborazo hay redes que operan en los mercados.

Los principales perjudicados son los pequeños comerciantes, microempresarios y artesanos como la azuaya Rosa, del cantón Gualaceo.

En el 2009, cuando dejó de pagar los intereses durante tres meses, el prestamista le demandó por USD 30 000, pero ella asegura que pidió 5 000.

Los jueces fallaron en su contra y remataron su vivienda por 55 000.

Hace más de un año y con intervención de la fuerza pública fue desalojada. Esta madre de familia llora a recordar las escenas de violencia e interpuso una demanda civil de nulidad, pero no fue acogida por el juez.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, entre enero del 2013 y mayo pasado se receptaron 1 104 denuncias en el país. Este año, las provincias con más casos son Pichincha, Tungurahua y El Oro.

El Movimiento Pro-Justicia comenzó hace 10 años en Quito. En Loja inició hace siete. En ese entonces, en esa provincia eran apenas 13 afectados y ahora son 387. Ellos tienen reuniones semanales en las casas de los perjudicados. Allí revisan cómo avanzan los procesos judiciales.

Muestran las sentencias que han favorecido a los afectados de otras ciudades con la recuperación de los bienes o las transacciones con los prestamistas que fueron detenidos.

Eso le ocurrió al azuayo Patricio M., quien salió de la cárcel hace dos meses, pero antes devolvió las letras de cambio, escrituras y dinero a más de 15 personas. Los miembros de Projusticia no financian a los abogados, pero sugieren nombres para la defensa.

También brindan respaldo y acompañamiento con ayuda psicológica, legal y acuden a las audiencias, dice la lojana Teresa Ordóñez, presidenta (e) del Movimiento en el país.

Una de sus compañeras es María (nombre protegido), quien fue demandada en el 2012 por USD 78 500. Firmó una letra de cambio en blanco que usó la demandante. Cuando su casa estaba por rematarse se unió al movimiento y contrató un abogado.

El pasado 13 de junio, el Tribunal de Garantías Penales de Loja sentenció a la prestamista con tres meses de cárcel y USD 10 de multa. Ese dictamen ya fue apelado. María es comerciante de mariscos hace 40 años y “desde el 2004 pedía montos que no superaban los USD 500...”. Luego se arriesgó y pidió hasta USD 20 000.

Elvira también vende mariscos, pero es de Santo Domingo de los Tsáchilas. Ella perdió su vivienda, la casa de su hija, y un vehículo por los embargos a causa de un préstamo de USD 25 000. En el 2009 quería comprar mercadería para Semana Santa, “porque se vende más en esa época”. Hasta la fecha la deuda se triplicó por atrasos en los pagos y los intereses.

Las letras de cambio firmadas en blanco y las escrituras de las viviendas de los prestatarios son las garantías utilizadas por los chulqueros para cobrar las deudas e intereses.

Estos llegan al 10% mensual, cuando en un préstamo legal por un crédito de consumo es de 16,3%, pero al año.

Por cosas como estas, en Riobamba, los afectados se organizaron y formaron la asociación León Dormido.

Esta agrupa a 25 familias que fueron víctimas de los usureros. Allí hay abogados. Ellos asesoran y analizan los casos cuando creen que hay abuso. El objetivo es reclamar a los jueces y a las autoridades de justicia.

Mercedes Rucela y su madre Magdalena iniciaron una lucha legal para proteger su casa de un embargo por una deuda que ya habían pagado.

Durante los litigios y las horas de espera en los pasillos de los tribunales provinciales conocieron a otras personas que pasaban por el mismo problema. Así nació la idea de agruparse para luchar contra las personas que habían iniciado los juicios. En cuestión de días más personas se unían en torno a ellas.

En los dos últimos años, el Gobierno ha impulsado una campaña contra la usura. El año pasado, las autoridades dijeron que unas 65 000 personas están afectadas en el país y que detrás de esa práctica está la extorsión, sicariato, narcotráfico y lavado.

En agosto pasado, la PJ del Guayas identificó redes dedicadas a la usura que operaban en el noroeste y sur de Guayaquil y en Durán. Allí, los chulqueros operan en motos para cobrar.

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