19 de julio de 2015 19:59

Víctimas de accidentes viales evitan ir a juicios

Gracias a unos compañeros de su antiguo trabajo, José Dueñas consiguió la silla de ruedas en la cual ahora se moviliza. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO.

Gracias a unos compañeros de su antiguo trabajo, José Dueñas consiguió la silla de ruedas en la cual ahora se moviliza. Foto: Sara Ortiz/ EL COMERCIO.

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Sara Ortiz
Redactora (I)

La desesperación por ver a Ángel Chamba tendido en el suelo hizo que sus hijos decidieran arreglar económicamente con el conductor que lo arrolló. Necesitaban el dinero para cubrir los gastos médicos. Y querían evitar el trámite judicial: presentar la denuncia, contratar un abogado, acudir a audiencias y esperar que la sentencia sea a su favor.

Mientras los paramédicos atendían en la vía a Ángel, de 55 años, sus hijos ya habían resuelto conciliar con el chofer a cambio de USD 3 000. En esa madrugada del 17 de enero del 2015, una de sus piernas fue aplastada cuando quedó atrapado entre dos vehículos.

La evaluación inicial indicaba que solo se trataba de una fractura de tibia y peroné. Pero al llegar al hospital, sus hijos supieron que tenía perforado el intestino grueso y la fractura comprometía la rodilla. "Recibí USD 3 000, pero gasté USD 18 000. Creo que no recibí justicia, no solo es el dinero sino que ahora estoy lisiado”.

La conciliación es una forma de resolución de conflictos, pero también produce impunidad. Así lo reconoció Wilson Toainga, fiscal provincial de Pichincha. Sin embargo, aclaró que los fiscales tienen la obligación de investigar hasta llegar a una sanción. “Ese arreglo no impide el procedimiento ni lo archiva”.

Por eso, esta institución pidió a la Asamblea que se reforme el artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) relacionado con la posibilidad de conciliar entre involucrados en accidentes.
El nuevo texto indica que no se podrá realizar esta clase de acuerdos cuando el afectado sufra lesiones consideradas graves, incapacidad permanente o pierda un órgano.

Actualmente el COIP solo prohíbe la aplicación de este recurso cuando hay víctimas mortales. El miércoles 22 de julio, los legisladores analizarán esa y otras reformas a la ley penal.

José Dueñas, de 41 años, también concilió a pesar de que tras el accidente quedó parapléjico. Un hombre que conducía en estado de embriaguez le causó una lesión en la columna. Ahora depende de una silla de ruedas para movilizarse. Su esposa, Mónica Pilatásig, recuerda que pensaron mucho antes de decidir arreglar con el conductor. “Lo hice porque necesitaba tiempo para cuidar de mi hijo y de mi marido”, cuenta entre lágrimas.

A cambio de USD 8 000, la familia retiró la demanda. El dinero se fue como el agua. Pagaron gastos médicos, un psicólogo para su esposo que sufría de depresión y compraron productos para abastecer una tienda, que es su único ingreso.

El presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, fue el primero en criticar esta forma de convenios, que en muchos casos se realiza afuera del sistema judicial, como lo hizo Ángel.

En el 2014 y hasta mayo de este año se han tramitado
4 075 conciliaciones de 145 029 juicios de tránsito que ingresaron en los juzgados del país. Es decir, el 2,8% buscó un arreglo. El problema es que “un porcentaje de delitos de tránsito terminaba en conciliación y no en sentencias”, sostuvo Jalkh.

El día del accidente, Ángel recibió la llamada de su hijo, quien le pedía que fuera a ayudarlo. Estaba en el norte de Quito. Por teléfono le comentó que una joven en estado de embriaguez le chocó. Salió de su vivienda en medio de la oscuridad. Cuando él evaluaba los daños materiales, otro auto impactó a los dos vehículos. Estuvo hospitalizado un mes. Se recuperó, pero perdió parte del intestino y sufrió una infección después de recibir el alta. Su pierna fracturada quedó un centímetro más pequeña.

Lo que más le indigna es que el conductor que le lesionó está libre y frente a un volante. En el acuerdo, el joven se comprometió a cancelar los gastos de salud hasta que Ángel se recuperara por completo. La realidad es que desapareció luego de entregar los USD 3 000.

En el caso de José, a pesar de que retiró la demanda, la Fiscalía insistió en llevar al responsable ante un juez. En junio pasado fue sentenciado a 9 años y cuatro meses de cárcel. “Él está preso, pero yo no puedo caminar o jugar con mis hijos, ni siquiera puedo asearme”, dice José. Su accidente ocurrió el 31 de enero del 2015 en el barrio La Colmena, en el sur.

Esa tarde José, su esposa y dos hijos, salieron en su auto. Esperaban que el semáforo cambiara para avanzar. Un carro les golpeó por detrás; su vehículo colisionó contra una camioneta. Él quedó atrapado. Seis meses después, José se resignó a pasar la mayor parte del día en cama. Su esposa lo cambia de ropa, de pañal, lo baña y lo alimenta. Y los gastos siguen acumulándose.

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