3 de abril de 2016 00:00

Pocas víctimas de accidentes son compensadas

El miércoles, las víctimas de un atropellamiento se reunieron en el lugar del accidente. FOTO: Armando Prado / EL COMERCIO

El miércoles, las víctimas de un atropellamiento se reunieron en el lugar del accidente. FOTO: Armando Prado / EL COMERCIO

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Fernando Medina

El llanto le dificulta hablar mientras recuerda ese 24 de enero del 2009. Sentada en su oficina, Verónica Galarza cuenta que ese día un bus atropelló a su hijo. Fernando solo tenía 17 años y murió horas después del incidente.

Desde entonces, su madre dice que la sentencia en contra del chofer no es suficiente.
 En mayo del 2015, un juez condenó a tres años de cárcel al conductor del bus, quien cumple esa pena. Pero en el dictamen también se ordenó 11 medidas de reparación integral para la familia del joven.


Por ejemplo, se ordenó que el procesado pagara una indemnización de USD 160 475 y que se colocara una placa conmemorativa en el Montúfar, colegio en el que estudió el chico. Incluso, el puente peatonal que está frente al plantel debía llevar su nombre.

Pero la madre dice que nada se cumple.
Igual ocurre con las familias de 15 personas que fueron arrolladas por un camión la madrugada del 1 de enero del 2015. En ese accidente murieron tres personas y 12 quedaron lesionadas. Rocío García es una de ellas. Tiene 29 años y está postrada en una cama con el 96% de discapacidad.
A cada víctima le correspondía una indemnización de entre USD 2 000 y 18 000.

Ninguna ha recibido esos montos. 
El miércoles, cuatro de las víctimas se reunieron en el lugar del incidente. Se pararon junto al corazón azul que se pintó sobre el pavimento en honor de las víctimas mortales. Uno de ellos fue Ricardo Gavilánez, quien perdió a su esposa y sufrió una fisura de sus omóplatos.

Aún va a terapia dos veces por semana. Ha gastado USD 8 000 en el tratamiento y dice que el dinero se le está acabando. Rosa Romo también ha tenido que vender su casa y un vehículo para costear los USD 1 300 que requiere al mes para las terapias y medicamentos de su hija Rocío. 


Esos gastos los cubrió vendiendo el equipamiento de la institución educativa de la que era dueña y ya no funciona. Hace dos semanas viajó a poblados pequeños de Pichincha para vender 20 computadoras a mitad de precio.

Ese dinero le alcanzará hasta mayo.
Por eso dice que la indemnización le sería muy útil. Sin embargo, quien ocasionó el accidente tiene 21 años y no posee bienes, por lo que no puede pagar nada. 


¿Por qué no se cumplen las sentencias? El juez de tránsito Galecio Luna, a quien la Judicatura delegó para explicar el tema, admite que hay casos en los que las medidas de reparación integral no se ejecutan.
Pero según su experiencia, son pocos, pues asegura que existen mecanismos para obligar a acatar la sentencia.

Por ejemplo, en el caso del pago de indemnizaciones se puede ordenar la retención de fondos o el bloqueo de cuentas bancarias. Incluso, ordenar el remate de propiedades. Pero asegura que si el conductor procesado no tiene bienes es difícil que las sentencias se ejecuten.


Eso también lo conocen organismos de asesoría legal en tránsito como Justicia Vial. Su principal, Guillermo Abad, advierte que es “recurrente que las medidas de reparación no se cumplan y para ejecutarse las víctimas siguen otros juicios por la vía civil o llegan a acuerdos extrajudiciales”. 


Cada año, en los últimos cinco, en el país han fallecido, al menos, 2 000 personas y más de 20 000 resultaron heridas. 
Los jueces de tránsito en el 2014 dictaron medidas de reparación en 342 casos y en el 2015 fueron 2 056. En esas cifras se incluyen los juicios de años anteriores.

Sin embargo, no existen datos consolidados de cuántas de estas medidas se han cumplido.
Pero personas que recibieron en las sentencias esas medidas de reparación aseguran que no se han concretado. Johan Palacios es uno de ellos. Su hermana Cinthya, de 28 años, murió cuando viajaba en un bus de transporte interprovincial en noviembre del 2014.

En ese accidente hubo 16 fallecidos y 11 lesionados. 
Por la muerte de Cinthya, el juez ordenó en agosto pasado el pago de una indemnización equivalente a 18 salarios básicos. Pero ese pago no se ha hecho realidad. 
Su padre y hermano viajan a Quito desde Manabí cada dos meses, para pedir que la sentencia se cumpla.

Hace 15 días decidieron interponer un juicio civil, otra forma que usan las víctimas para cobrar las indemnizaciones. 
Por esta vía pueden demandar por daños y perjuicios al causante del accidente. En ese proceso, el juez determinará si la persona tiene bienes o dinero.

De no ser así se lo declarará insolvente y pierde derechos. Así explica el juez civil, Eduardo González. “El insolvente no puede tener una cuenta de ahorros, comprar bienes, acceder a préstamos, trabajar en el sector público, entre otros. Ese juicio puede durar hasta dos años.

Por eso, las víctimas prefieren abandonar las causas. 
Otros, en cambio, continúan en los juzgados exigiendo a las autoridades que se cumplan sus fallos para la reparación. Eso es lo que hace Verónica Galarza por su hijo Fernando. Ella dice que solo con el cumplimiento de toda la sentencia podrá terminar su luto.

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