13 de March de 2010 00:00

La víctima de delito se desencanta en la PJ

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Geovanny Tipanluisa.  Redactor
judicial@elcomercio.com

Aún      temerosa,   María S.  llega  a la  Policía Judicial   de Pichincha (PJ).  Con  voz entrecortada  explica que detrás  de ella      viene   un  policía de Tránsito, quien   cinco minutos  antes   detuvo   a un joven que le  arranchó  el celular en el sector de El Tejar (centro occidente de Quito).
   
Mientras  la señora de  72  años da   más  detalles de lo ocurrido esa mañana del miércoles,   una persona    delgada  cubierta con capucha    se sienta en  el piso de baldosa.  María S.    mira al joven  y  dice:   “Él  me arranchó  el celular mientras hablaba con mi hijo”. 

El jefe de la  PJ,  Víctor  Hugo  Baquero, reconoce que diariamente  al menos  20 personas son   detenidas  por delito  flagrante,  como el cometido  por  Jefferson   T.
   
El  Código Penal     determina que delito flagrante es   aquel que se comete   en presencia  de una o más personas  o cuando se  descubre  al autor del  hecho     inmediatamente después  de su cometimiento.

A las 08:45, María S.  y dos de sus familiares    ingresan  a las congestionadas oficinas de la PJ. Esperan más de dos horas pero el parte   todavía  no está elaborado.    La señora   se niega a seguir   allí y     prefiere  abandonar  el  trámite.  “Mucho se demora esto y no sirve de nada. Ya mismo  sale       y vuelve  a robar a la gente.  No vamos a ganar nada”.

Según el Ministerio de Gobierno,      15 622  personas fueron detenidas en el 2009 en el país en delito flagrante, pero  6 737  fueron  liberadas en la audiencia de formulación de cargos.

El informe de Gobierno   revela que   en   Guayas y Pichincha se registra   la mayor cantidad  de detenidos  en delito  flagrante  y también   un alto número de liberaciones .

Los fiscales y   jueces   especializados en  estos delitos  trabajan en  el mismo edificio  de la PJ de Pichincha. En   una pequeña oficina,  el juez vigésimo  de Garantías Penales, con competencia en  delitos flagrantes,   Pablo Hernández,  sostiene que  los casos no se resuelven, porque  los  perjudicados no  presentan  las denuncias  o porque, “cuando  lo hacen,     desaparecen y nunca más   vuelven”.

El penalista Gilberto  Carrasco reconoce el temor  que las personas  tienen  a posibles  represalias de los delincuentes; “pero no debería ser así, tienen  todas  las garantías  para  denunciar”.
      
Un  familiar de María S., quien también es abogado,  piensa igual y convence a la mujer para que espere y presente la  denuncia.  Luego de  elaborar el parte,  el policía a cargo del caso  le dice que el proceso no irá a la Fiscalía,   porque el celular que intentó robar el joven     cuesta menos de USD   654.

El Código Penal determina que  el robo  por  menos de esa cuantía  es hurto. El  caso de María S. pasó a la  comisaría    para ser  juzgado   como infracción flagrante.
 
Roxana P., quien está a  dos metros de  María S.,  desconfía del sistema. Recuerda que el año  pasado, mientras   miraba  televisión  a las 21:00, dos    personas ingresaron  a su domicilio  en el barrio  Calderón  (norte de Quito). 
       
Los desconocidos sacaron pistolas y amenazaron   con matar a ella y a su esposo. Luego   ataron de pies y manos a la pareja y se llevaron   electrodomésticos, joyas, utensilios... “Vine y denuncié. Al  siguiente   día  detuvieron a esas personas, pero luego      los  vimos  por el barrio; salieron   libres”.
    
Roxana P. vive cuatro años en Quito, aunque nació y creció en  Guayaquil.  Hace siete   años  en esa ciudad   sufrió otro asalto  y tampoco se condenó a los malhechores.
                  
Si los afectados siguen la causa, esta  pueden pasar  a las salas respectivas, dice Carrasco. La jueza  décima de Garantías  Penales,  Noemí Santillán,   trabaja en el segundo piso del Palacio de Justicia y  muestra  cifras.  “De todos los  delitos flagrantes solo el 1%  termina en sentencia”. En el resto de casos -dice-  “los fiscales  no muestran en  derecho las responsabilidades”. 
      
Eso sucedió con Roxana P.       “Los policías detuvieron a los ladrones en    una casa   de Carapungo, con todas  las cosas,  pero no pasó  nada”.        

En la PJ, Iván Roon  es el  fiscal coordinador  de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha.  En  robos   como el ocurrido con Roxana P.   él  investiga  y presenta las pruebas para que   los jueces den una sentencia.  Dice que   no ve problemas, pues “de los  siete u ocho casos que por delito de flagrancia se conocen  cada  día, los  fiscales    resuelven todos”.
 
María S.  espera que eso ocurra con su denuncia.     Mientras    hace los trámites,  el joven  que intentó  robar  su  celular permanece en las  vacías  y frías  celdas     de la PJ, en el subsuelo del edificio de la Juan León Mera y Roca.   Cerca de las 11:00,   un policía lo lleva  a la   pequeña   y calurosa  oficina de   la Comisaría.      Diez minutos después,   el comisario  de turno, Julián Tamayo,  dictamina  la sentencia: siete días de arresto   en el Centro de Detención Provisional (CDP).

Una guía     para   prevenir los robos y para saber cómo denunciar     

El delito     flagrante    más común   es el robo de celulares.  La Policía   pide  no exponer los aparatos  en sitios públicos o en la calle.

Ante  cualquier     contravención o  delito   denuncie  en   la Policía    Judicial   (Juan León Mera  y Roca, en Quito).  Para ello  solo  debe  presentar    la cédula (si  tiene). El  trámite es gratuito. 

En  el    edificio de   la  Policía  también     operan     fiscales  y  jueces  de turno  especializados  en delito flagrante.  Atienden de 08:00 a 12:00 y de 14:00 en adelante. Telf:  290 3927.     

Para homicidio,   asesinato, delitos sexuales,  atentado al pudor, secuestro, robo... no se  requiere  denuncia escrita,  solo   informar   a  la Fiscalía o    Policía. 
    
En estafas, en cambio,    la  denuncia puede ser hecha directamente por la persona afectada,  sin necesidad de un abogado. 

En contravenciones    flagrantes,  como robo de  celulares,    se necesita   denuncia. Pero tampoco  se requiere  de    abogado.  En Quito  hay  4    comisarías para ello.  Telf: 290 3927. 

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