28 de septiembre de 2014 20:12

Dos vías legales les queda a los 53 jóvenes para salir de la cárcel

Escenas de dolor vivieron los familiares de los 53 jóvenes a los que la Corte Provincial negó el hábeas corpus. Foto: Eduardo Terán / EL Comercio.

Escenas de dolor vivieron los familiares de los 53 jóvenes a los que la Corte Provincial negó el hábeas corpus. Foto: Eduardo Terán / EL Comercio.

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Redacción Quito  (I)

El próximo jueves(2 de octubre) la jueza Diana Mayorga decidirá el futuro de los jóvenes detenidos en las protestas del 18 de septiembre y dependerá de ella si quedan libres o no. La audiencia de juzgamiento se da luego de que la semana pasada, la Corte de Justicia de Pichincha negara el recurso de hábeas corpus que había presentado el Colegio de Abogados.
Sin embargo, los defensores aún tienen dos vías más para intentar liberar al grupo.

Una posible fianza o una conciliación son esas dos estrategias legales que los abogados Julio César Sarango y Gonzalo Realpe intentan acordar con la Jueza para que ella confirme la inocencia. Los motivos de su detención se basan en sospechas de que los estudiantes del Colegio Mejía, la mayoría del ciclo nocturno, protagonizaron una protesta violenta en la que habrían causado daños a la propiedad pública.

El fiscal Javier Bósquez, quien los acusa, sostiene que el monto de la destrucción de las veredas (faltan adoquines y rosetas), de la luz de un semáforo y de un patrullero ascendería a USD 4 000.

“Estamos dispuestos a pagar el daño de los bienes. Así podemos restituir a la ciudad y evitar que a los jóvenes se les prive de la libertad, del derecho al estudio”, dijo Realpe.

Para Sarango, la lógica es simple: “¿Qué es lo más favorable: cubrir los daños materiales o incluso que los estudiantes hagan trabajo comunitario o que condenar a personas que no han tenido antecedentes judiciales?”.

Sin embargo, para el fiscal Bósquez, se trata de “dejar un precedente”. Esa fue la respuesta que dio en la audiencia de flagrancia, en la madrugada del 20 de septiembre, cuando los defensores públicos pidieron que a los jóvenes se les cambie la prisión por otras medidas como la presentación periódica en un juzgado del país.

La fianza es un pedido que ya fue presentado y que consiste en lograr la libertad tras el pago de dinero. Los abogados de los chicos temen que esto no podrá darse, pues se fijó para el mismo lunes, es decir, después de la audiencia de juzgamiento.

Los padres de familia piden a las autoridades que liberen a sus hijos. Ese ha sido el pedido desde la semana pasada.

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