11 de enero de 2018 00:00

Tres temas complejos trae el veto a la Ley de la mujer

El legislador Juan Lloret, vicepresidente de la Comisión Ocasional, expuso el informe sobre el veto del Ejecutivo. Foto: tomado de Flickr Asamblea Nacional

El legislador Juan Lloret, vicepresidente de la Comisión Ocasional, expuso el informe sobre el veto del Ejecutivo. Foto: tomado de Flickr Asamblea Nacional

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Redacción Sociedad
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La inclusión del plan de acción para erradicar la violencia en el Presupuesto General del Estado, la reparación integral y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos temas fueron parte del debate del veto del Ejecutivo a la Ley para Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer.

La discusión de las 30 observaciones del presidente Lenín Moreno se llevó a cabo ayer, 10 de enero del 2018, en el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión se suspendió y se retomará el martes 16.

En total se presentaron 27 ratificaciones y 28 allanamientos. La Comisión, que trató la Ley, propuso que la votación se haga en estos dos bloques.

En el primer grupo, por ejemplo, está la ratificación al texto aprobado por el Pleno sobre las obligaciones estatales. Es decir, la necesidad de que se destinen recursos a un plan de acción para erradicar la violencia contra la mujer.

El Ejecutivo excluyó el plan del Presupuesto General del Estado y se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo, agendas nacionales para la igualdad y planes de desarrollo.

Para la legisladora Dallyana Passailaigue, del Partido Social Cristiano, la única vía de garantizar el presupuesto es atarlo a un plan de acción específico. “No es una preasignación, no estamos poniendo un porcentaje. Es una obligación que tiene el Estado”.

Otro de los temas polémicos es la ratificación del artículo 16, relacionado con el manejo del Registro Único de Violencia contra las Mujeres. En el veto se señala que el encargado es el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la legisladora y presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, de Alianza País, propuso que se mantenga a cargo del ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en coordinación con el Consejo de la Judicatura y el ente rector del Sistema Nacional de Protección.

Sobre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Passailaigue explicó que “los que sufren son los gobiernos locales pequeños. Otros como Guayaquil ya lo tienen”.

La incorporación de textos nuevos llamó la atención del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de Alianza País. La semana anterior, él estuvo al frente de la revisión del veto.

Para él, los textos nuevos relacionados con los procedimientos abreviados deberían remitirse a la Comisión de Justicia. Ellos analizan este tema.

Lloret, además, explicó que la normativa debe ser aprobada lo antes posible. El motivo: la semana anterior se dio una muerte más de una mujer.

“Esta es una Ley que busca avanzar en derechos en todos los roles: político, patrimonial, laboral, entre otros”.

En 2017 se registraron 153 femicidios en el país. La mayoría se concentró en Pichincha con 35 casos. Le siguen Guayas (29), Azuay (13) y Manabí (13), según datos de la Coalición Nacional de Mujeres.

Para Walleska Pareja, integrante de la agrupación, el informe presentado por la Comisión “es bastante bueno. Estamos de acuerdo en el 96%”.

Ellas discrepan en temas como las atribuciones de los GAD. Para Pareja, es necesario que se ratifiquen sobre el monitoreo y evaluación de los gobiernos seccionales.

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