30 de March de 2010 00:00

El veto de Correa irá por el Ministerio de la Ley desde el sábado

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Redacción Política
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Faltan solo   tres días para  que el  veto presidencial  a la Ley de Participación Ciudadana entre en vigencia  por el Ministerio de la Ley (el 3 de abril). Sin embargo, el mecanismo legislativo mediante el cual se tramitó la objeción presidencial despierta dudas. 
 
Luis Morales (Prian), presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, es uno de los  legisladores que cuestiona  la idoneidad del tratamiento del veto.

El presidente Rafael Correa, en su calidad de colegislador, propuso que  los medios de comunicación privados rindan cuentas ante el Consejo de Participación Ciudadana.

Para  Morales,  incluir a los medios en este esquema de rendición de cuentas, en el que  por ley solo estaban contempladas las entidades estatales y las privadas que brindan servicios públicos,  fue un gol  del Ejecutivo.
Aunque, reconoció que la jugada maestra    fue desarrollada por Fernando Cordero, titular  de la Asamblea Nacional,  el jueves 25.
 
Para Morales,  ese día se buscó el momento menos esperado para  retomar  la votación del veto que, por falta de quórum, fue suspendida dos días atrás. Cordero, en una breve votación, se allanó a la  propuesta  de  Correa. En la plenaria de la tarde del jueves  estaban   96 de los 124 asambleístas.

El veto de Correa quedó dividido en dos. Un grupo de artículos pasaron con una votación de mayoría simple (la mitad más uno de los legisladores presentes).

El segundo grupo de artículos, entre los cuales se encontraba el 88, en  el que se incluyó la rendición de cuentas para los medios, quedó en suspenso. Esto luego de que Morales propusiera a la sala insistir en los textos originales de la Asamblea. Para esta moción no hubo los votos suficientes (dos tercios de los legisladores).
  
Como tampoco hubo una votación para apoyar los textos del Ejecutivo, estos artículos quedaron a merced del Ministerio de la Ley.
 
Por eso, ayer Morales   utilizó su último recurso  al solicitar la reconsideración de la votación fallida. Pero tal solicitud fue negada.
Solamente 57 asambleístas lo respaldaron. La Asamblea no tiene previsto retomar el tema.  
Morales y Galo Lara (PSP), vicepresidente de la comisión, insisten en sus reparos.
  
“Hemos luchado   para mantener  la democracia;  si no, que el Presidente de la República elabore todas las leyes”, señala Morales.
 
Ambos estudiarán la posibilidad de entablar una demanda de inconstitucionalidad. Argumentan que el artículo 138 de la Constitución establece que no podrá introducirse en el veto del Ejecutivo un tema que no ha sido tratado por la Asamblea.

Marco Proaño Maya, ex legislador,  se acoge a este alegato. Y apunta que  constitucionalmente el Parlamento solo puede aprobar proyectos de ley que se refieran a determinada materia.

 El asambleísta Fausto Cobo (PSP)  señala que en el veto se confunden los temas a legislar.  

“La comunicación es un derecho, confunden entre servicio público y servicio al público. Buscan cualquier instrumento para lograr el objetivo político de Carondelet:   controlar a los medios”.

Morales también se quejó porque el miércoles pasado, la Dirección de Comunicación de la Asamblea,  le pidió participar en  un video que sería transmitido en cadena nacional, el viernes 26.

Allí, según él, se iba a decir que la Ley de Participación Ciudadana ya fue aprobada. “Pero luego excluyeron mi punto de vista”.

Julia Ortega, la directora de Comunicación de la Asamblea, descartó eso.  Señaló  que  se entrevistó  a Morales para sus  cadenas quincenales. Pero luego, 
Ortega  decidió no tocar este tema porque la votación fue confusa. Además,  creyó necesario que Cordero hablara sobre la fiscalización. En la próxima cadena esperan tratar este y otros temas.
 

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