15 de March de 2010 00:00

El veto de Correa debilita a la Ley de Medios

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Redacción Política

El reciente veto parcial  a la ley de Participación Ciudadana es  innegociable para el presidente Rafael Correa. Eso se evidenció el sábado  en su enlace ciudadano, cuando convocó a las organizaciones populares para que vayan  a la Asamblea y  defiendan el contenido de su objeción.   Sobre todo, en lo referente a su pedido de que los medios de comunicación,  por iniciativa  de una persona o grupo social,  sean  sujetos de  una rendición de cuentas  una vez por año.



“Vayamos  a la Asamblea para que no nos quiten el derecho a que los medios de comunicación rindan cuentas a la ciudadanía y les exijan publicar informaciones que sean veraces”.

 “Vamos a ver  quiénes  se arrugan (acobardan) y quiénes son los verdaderos
demócratas”.

 “No, no, no... esa es otra mentira.
Es ante los ciudadanos que van a rendir cuentas (los medios) no ante el Gobierno”.
Rafael Correa
en su enlace ciudadano del sábado
La estrategia de Correa  mata dos pájaros de un tiro. Por un  lado,  está la dificultad que  tiene la oposición  para reunir los 82 votos  que se necesitan  para neutralizar el veto del Presidente. Alianza País, el bloque más numeroso de la Asamblea, cuenta con 58 sillas. Es decir,  las suficientes para evitar que los opositores tengan alguna opción de sumar adhesiones. 

La bancada gobiernista, en cambio,  necesita cinco votos más para  acoger los cambios que propone Correa.  Y si ello no fuera posible, la legisladora  de Pachakutik, Lourdes Tibán, cree que   el veto irá por el  Ministerio de la Ley.

Si esto ocurre, se cumpliría un   segundo propósito de la estrategia presidencial. Esta tiene que ver con restarle fuerza al acuerdo político, aún vigente, entre la bancada de Alianza País y la oposición para impulsar el proyecto de Ley de Comunicación. Este  compromiso lo impulsó el titular de la Legislatura, Fernando Cordero,   

Voces críticas al Régimen, como la de Cynthia Viteri (M.  Guerrero), han asegurado que el veto de Correa a la Ley de Participación demuestra el afán controlador del Gobierno sobre los medios de comunicación privados.

¿Por qué? Se trata de una objeción muy general, que solo apunta a que  el Consejo de Participación Ciudadana, que acaba de ser conformado en medio de críticas -por la injerencia de grupos político como Alianza País-, articule las reglas de esa rendición de cuentas. También las sanciones,  cuando los representantes legales de las empresas informativas no acudan a las convocatorias o no presenten información fidedigna.

Como lo sostuvo ayer el jurista Xavier Zavala,  en un debate sobre este tema en Canal Uno,   la objeción presidencial  deja abierta las causas por las cuales un medio debería  rendir sus cuentas. Estas oscilan desde temas   periodísticos  hasta sus estados financieros. 

Durante el análisis inicial de los primeros proyectos de ley de Comunicación que llegaron a la Asamblea, hace seis meses, el tema del control fue el que más preocupación  generó. Por ejemplo, la iniciativa de Rolando Panchana establecía una serie de auditorías a los medios para revisar  tirajes, audiencias y crear un registro. Estos temas se dejaron  de lado en el acuerdo político  que patrocinó  Cordero en diciembre.

Pero si  se compara este acuerdo con el alcance del veto presidencial, el verdadero control del Gobierno podría  consolidarse a través de  los cambios a la Ley de Participación.  La presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo,  está de acuerdo con  la propuesta de  Correa. Esta, a su juicio, no formará parte de la Ley que está bajo su coordinación (ver compartida). 

El asambleísta de  la ID,  Andrés Páez,  que compartió panel con Zavala,  señala que este veto  es la  ficha del  rompecabezas del deseo gubernamental por consolidar un sistema autoritario  para terminar con la libertad de expresión. 

Desde una lectura opuesta,   el Gobierno sumó ayer  el apoyo del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Su presidente, César Cárdenas, dijo que aunque no está de acuerdo con varios puntos del veto, la inclusión de los medios de prensa, como  sujetos de rendición de  cuentas, es “positiva y alentadora”.

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