13 de noviembre de 2017 00:00

Dos venezolanos, acusados por la Fiscalía en el caso Odebrecht

En el 2015, Odebrecht concluyó la remoción de tierras en El Aromo, una zona rural de Manta, en Manabí. Foto: Archivo particular

Imágenes de El Aromo, en Manta, donde está el proyecto Refineria del Pacifico. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

La Fiscalía espera que la Corte Nacional de Justicia dé paso a su pedido de extradición de dos venezolanos acusados por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Se trata de Alexis Arellano y Freddy Salas. El primero fue gerente de la empresa estatal de petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Ecuador. Y el otro extranjero se desempeñó como Gerente Técnico de la Refinería del Pacífico. El organismo también solicitó la confiscación de bienes y cuentas por USD 8 millones, que los procesados tienen en Venezuela.

El fiscal Carlos Baca sostiene que Arellano y Salas recibieron USD 8,6 millones en coimas por el movimiento de tierras en la Refinería del Pacífico y el acueducto La Esperanza.

A cambio, habrían entregado “información privilegiada” y modificado las bases de los concursos para entregar todos los contratos relacionados con estas obras (entre principales y complementarios) a la constructora Odebrecht.

La adjudicación de los dos proyectos estuvo a cargo de la Refinería del Pacífico, cuando Pdvsa tenía el 49% de acciones y Petroecuador, el otro 51%.

El costo de ambas obras suma USD 585,9 millones.

En el caso de asociación ilícita también se encuentran procesadas otras 11 personas, entre ellas, el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, y el excontralor Carlos Pólit.

Mañana (13 de noviembre de 2017), a las 15:00, el juez Miguel Jurado, a cargo del expediente, convocará a una nueva audiencia e informará si llama a juicio a los procesados, luego de que el sábado se evacuaron las últimas diligencias.

Según la investigación de la Fiscalía, la relación entre los venezolanos y Odebrecht se inició en el 2012, con la licitación del contrato para el movimiento de tierras en la zona de El Aromo, en Manabí. Baca sostiene que Salas contactó a José Santos, entonces apoderado de la constructora, y le entregó las bases de la licitación. En esa reunión habrían acordado un soborno de USD 6 millones que se habría cancelado en cuotas de USD 200 000.
Santos, en su testimonio, dice que ese monto lo pagó a través de la ‘offshore’ Golden Engineering Services, constituida en Panamá.


Para el acueducto La Esperanza, Santos afirma que Salas lo contactó de nuevo. Esta vez no solo obtuvo los pliegos, sino que “contribuyó e incluyó cláusulas para impedir la participación de otras empresas”.

Por este contrato, la Fiscalía dice que el venezolano pidió USD 2,5 millones y se pagaron USD 934 524 a través de la ‘offshore’ Sevylor Trading Corp.

En la audiencia que finalizó el sábado 11 de noviembre, el abogado de Salas rechazó la versión de Santos, y dijo que ni los pagos ni la relación de su cliente con las ‘off-shore’ han sido comprobados en el proceso penal.

El mes pasado, la Contraloría emitió un informe sobre el acueducto, en el que se revela que en su construcción se crearon rubros sin justificación técnica. Se añadieron otros valores sin sustento que incrementaron el costo de la obra en USD 6,5 millones.

Según la teoría de Baca, después de que Salas salió del país, el 22 de noviembre del 2015 hacia Caracas, el cobro de los sobornos fue asumido por Arellano. Este último abandonó el Ecuador el 7 de septiembre del 2016 hacia España.

Pero la Fiscalía cree que el exfuncionario del gobierno de Chávez regresó a Venezuela, en donde tiene registrado su domicilio. Por eso, además del proceso de extradición, contra él existe un pedido para que la Interpol lo capture y entregue a las autoridades ecuatorianas.

Su abogado, Eduardo King, también rechazó la acusación de la Fiscalía en la audiencia y explicó que su cliente nunca fue notificado con el inicio del proceso penal por lo que solicitó al juez que anule el juicio.

Otra empresa que habría servido para intermediar pagos para los venezolanos es Thronson Internacional de Venezuela (Tivenca), que tiene una sucursal en el Ecuador. Un informe de la UAFE sobre la firma detalla que, en el 2013, registró ingresos por USD 850 000. Sin embargo, la UAFE dice que ese monto difiere de las transferencias recibidas a su cuenta bancaria, que fueron de USD 863 600. Este rubro provino de dos pagos hechos en el 2013 y en el 2014 por Odebrecht.

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