Redacción Guayaquil y Negocios
Con una experiencia académica, tributaria, bancaria y legal, nueve veedores tendrán que dar el finiquito a la liquidación de 33 entidades.
Pero el plazo, que vence el 31 próximo, quedará corto para los veedores, pues dejarán pendientes temas como la recuperación de cartera, juicios y transferencia de activos al Banco Central (BCE) de al menos tres entidades. Estas son: Filanbanco, Progreso y Mutualista Benalcázar.
La tarea no es fácil, dice Óscar Mendoza, ingeniero eléctrico que dirige la Facultad de Economía de la Espol (Guayaquil). A su cargo tiene los bancos Crédito, Tungurahua, Azuay y Unión.
“La idea es indicar cuál es el total de la cartera y qué hizo cada administrador o liquidador para recuperarla. También hay que determinar el hueco patrimonial. Solo analizamos la información oficial que nos dan”.
Mendoza, de 42 años, lleva cinco años en el decanato de Economía y es su primera vez en participar en una veeduría. Él tiene una cuantificación preliminar del hueco de los cuatro bancos de USD 140 millones. “Solo Azuay y Unión registran un desfase entre activos y pasivos por USD 90 millones”, dijo.
Mariela Méndez, de 32 años, también se dedica a la docencia en la Espol y su tarea es determinar las pérdidas de Tecfinsa, Intermil, Financorp y Occidente.
En este proceso, esta joven economista ve “una automatización del poder, no hay a quién reportar, falta compromiso, no se cumple con lo acordado, los mandos medios no hacen las cosas y los procesos se retrasan”.
Para Méndez fue muy ambicioso poner el mismo plazo de finiquito a entidades grandes y pequeñas, cuando el nivel de operaciones y líos no es igual.
Jorge Seade es profesor de la Universidad de Cuenca y tiene experiencia en banca privada.
Los bancos que analiza son Popular, de Préstamos, Bancomex, Ecuacambio, Fimasa y Mutualista Manabí. “Los problemas que he visto han sido los más complicados que he tratado en mi vida de economista”, confesó.
Fernando Mosquera representa a la Universidad Central y fue parte de la Comisión de Inversiones del IESS, cuando este ente invirtió en la Mutualista Benalcázar, antes de su cierre. A su cargo están Finagro, Solbanco, Mercantil Unido y Confianza
Ricardo Sosa, economista de la Universidad Católica de Quito, en cambio, sigue el proceso de Banco de los Andes, cuyo principal problema es la incapacidad de transferir una hacienda valorada en USD 4 millones al BCE, por estar embargada por el IESS. Otra entidad que monitorea y que llama la atención es Mutualista Guayaquil, la cual sigue pagando a sus acreedores y concluido el proceso tendrá un superávit de USD 1,2 millones.
Otra veedora de la Católica es Tatiana Moncayo, a quien se le asignó, entre otras entidades a la Mutualista Benalcázar, cuyo finiquito aún está por verse.
Gastón Bolaños también es docente de la Central y es presidente de los veedores. A más de las cuatro entidades que tiene a su cargo, lidera el análisis de Filanbanco y Progreso, en que todos participan, por la complejidad de sus operaciones.
A más de los siete veedores hay dos expertos legales: Jacob Idrawh y Arturo Mendoza, de la Católica de Quito y Guayaquil. Cada uno analiza las particularidades legales de cada banco y presentan informes semanales de sus evaluaciones.