24 de marzo de 2015 17:25

El Vaticano archivó 18 años a monseñor Romero

Óscar Romero

El monumento dedicado a monseñor Óscar Romero en San Salvador es restaurado, con motivo de su próxima beatificación. Foto: Óscar Rivera/ EFE

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María Carvajal
Coordinadora (I)
mcarvajal@elcomercio.com
Quito

Según las normas de la Iglesia Católica, recién desde el 23 de mayo del 2015 monseñor Óscar Arnulfo Romero podrá ser venerado en los altares. Pero en la pequeña casa donde vivió en San Salvador, adjunta al hospital Divina Providencia, hay una colección de pequeñas placas agradeciéndole por favores y milagros recibidos, depositadas en su tumba casi inmediatamente después de su asesinato, el 24 de marzo de 1980.

Uno de los apelativos más frecuentes que se puede encontrar en Internet sobre este obispo salvadoreño es ‘San Romero de América’. Sin embargo, su camino hacia la beatificación pasó por 18 años como un expediente que no avanzaba en la Congregación para la Causa de los Santos. Es decir, ninguno de sus supuestos milagros ha sido certificado por los médicos según los rigurosos protocolos del Vaticano. Y hasta que el papa Francisco llegó al trono de San Pedro en el 2013, muchos pensaban que era un proceso destinado al archivo.

Hay hechos que muestran que el apostolado de monseñor Romero tuvo reparos en la Santa Sede. Uno de ellos es lo que él mismo registró en su diario tras una audiencia con el papa Juan Pablo II, el 7 de mayo de 1979: “Yo salí complacido por este encuentro, pero preocupado por advertir que influía una información negativa acerca de mi pastoral”. Eso a pesar de que dentro de su informe, el prelado centroamericano comunicó al Pontífice que por su defensa a los derechos Humanos fue candidatizado al Premio Nobel de la Paz.

Los periodistas Rena y Thomas Giefer, en su documental ‘Muerte de un Arzobispo’, refieren que para el pueblo este personaje era “la voz de los sin voz”. Pero para el ala más conservadora de la Iglesia era un “subversivo”, que desde el púlpito exigía a los soldados no disparar contra el pueblo que protestaba, en plena dictadura militar en El Salvador.

La fundación Comités Óscar Romero publica que el Papa polaco incluso consideró el envío de un administrador apostólico a la Arquidiócesis de San Salvador en sustitución del Arzobispo. Pero en 1983, durante su primera visita a Centroamérica, oró ante su tumba y lo calificó de “celoso pastor, a quien el amor a Dios y el servicio a los hermanos condujeron hasta la entrega misma de la vida”.

Y su sucesor, el también conservador Benedicto XVI, reconoció que era un “santo” y desbloqueó el proceso de beatificación el 20 de diciembre del 2012, declaró a Europa Press el presidente del Pontificio Consejo para la Familia y postulador de la causa de beatificación, Vincenzo Paglia.

Así, el camino fue allanado para que el primer Papa latinoamericano proclame beato a Romero, quien según el mismo Paglia fue objeto por años de campañas de desprestigio por parte de “la derecha política, de los embajadores salvadoreños ante la Santa Sede y de algunos cardenales” que lo acusaban de “estar desequilibrado”.

Un asesinato en Wikileaks

A falta de un milagro, la figura contemplada en las leyes eclesiales para la beatificación de monseñor Romero fue el martirio. Su asesinato con una bala en el corazón mientras celebraba una misa encajó perfectamente en el concepto de “un crimen de odio contra la fe”.

La inmensa alegría por la próxima beatificación en mayo muestra la vigencia de este personaje, a 35 años de su deceso. Pero fuera de la Iglesia, aún hay una muerte que divide opiniones políticas en El Salvador.

Aunque una Comisión de la Verdad de la ONU señaló como autor intelectual del crimen al líder de derecha Roberto D’Aubuisson, una Ley de Amnistía, aprobada en 1993, no permitió que se juzgara a nadie por esta muerte.

En el 2009, el gobierno del expresidente Mauricio Funes reconoció la responsabilidad del Estado salvadoreño en el asesinato de Romero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pero solo dos años antes, tal como aparece en los cables diplomáticos de Wikileaks, tres enviados de la administración del presidente Antonio Saca fueron a la OEA para advertir que su país tenía intenciones de desconocer lo que dijera la CIDH si el caso seguía su curso.

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