21 de agosto de 2016 00:00

El cobro por ‘dar más seguridad’ atemoriza en Sucumbíos

Los militares realizan patrullajes permanentes para evitar que se registren hechos violentos en zona de frontera. Foto:Patricio Terán / EL COMERCIO

Los militares realizan patrullajes permanentes para evitar que se registren hechos violentos en zona de frontera. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

Los relatos de los pobladores son casi similares. Dicen que son extorsionados, que personas desconocidas llegan a sus negocios y les exigen hasta USD 200 al mes, por supuestamente darles seguridad.

A eso lo llaman “vacunas” y en Puerto El Carmen, un poblado de Sucumbíos, fronterizo con Colombia, la gente está alarmada. En la zona hay antecedentes: dos ataques con bombas y la explosión de un auto.

Por eso, esta semana se reunió el Comité de Seguridad, un ente en el que están el Gobernador de Sucumbíos, la Alcaldesa del Putumayo, policías, militares, autoridades de la Fiscalía y de la Judicatura.

Tras analizar lo que sucedía acordaron trabajar en 10 puntos para frenar la violencia.

Lo primero es que los militares, que operan en la zona de frontera del cantón Putumayo, intensifiquen sus operaciones.

Es más, se gestionará el aumento del personal, aunque por seguridad de las FF.AA. prefieren no revelar cuántos patrullan ni cuántos llegarán.

Esa petición también lo realizó el gobernador de Sucumbíos, Yofre Poma, al ministro de Defensa, Ricardo Patiño, en una reunión realizada en Quito. En esa cita conversaron sobre la seguridad en el sector y el Ministro le habría mencionado que se trabaja en un plan nacional para la frontera norte.

De hecho, la semana pasada, el Secretario de Estado confirmó que se investigan los ataques, pero que la información tiene el carácter de reservada.

La solicitud también llegó a la Policía. Pero a esa institución, el Comité de Seguridad, pidió que mejore la logística (vehículos, Internet, computadoras, impresoras, etc.) para las UPC de Puerto El Carmen, Sansahuari, Tarapoa yPlayas de Cuyabeno. Militares y policías, que integran ese Comité, anotaron los pedidos.

Los vecinos hablaron unos tras otros y dijeron sentir miedo, más aún cuando los sospechosos que llegan a sus locales aseguran ser miembros de una supuesta organización guerrillera. Pero Poma insiste en que es delincuencia común.

“Unámonos pueblo de Putumayo”, escribieron los pobladores en un cartel. “Hay jóvenes que vienen a cobrar por las vacunas”, señaló un vecino.

Por los pueblos donde ellos viven es común ver a extraños. Eso obligó a las autoridades a instalar un control con personal de Migración, que registre a quienes llegan, especialmente, por los ríos. Pero se indicó que esas oficinas estarán operativas “en poco tiempo”.

La gente ve como cada semana desconocidos cruzan las aguas del río San Miguel y llegan a comprar víveres en las pocas tiendas de abarrotes.

Inteligencia militar reconoce que miembros de grupos armados de Colombia arriban para abastecerse de comida.

Los investigadores los reconocen por su contextura gruesa y corte militar. Incluso se identifican como ‘guerros’, pero sin armas y con ropa civil.

¿Qué más hacer frente a ello? El Comité resolvió una cosa más: gestionar con el ECU911 la implementación de cámaras de vigilancia. Esto ayudará a reconocer a los sospechosos que generalmente atacan en la noche. Justamente, una cámara captó el momento en que un hombre se alejaba del negocio de Puerto El Carmen, en donde estalló la bomba.

Policías y militares estudiaron las imágenes y detuvieron a dos personas. Ahora ellas son acusadas por tenencia ilegal de armas y por terrorismo.

La audiencia para ellos será el 31 de agosto en el juzgado del Cuyabeno, una localidad que está a más de una hora y media de viaje. Ese es otro problema que tiene Puerto El Carmen.

Allí no hay oficinas de la Fiscalía ni del Consejo de la Judicatura. Por eso, las personas no pueden denunciar inmediatamente las intimidaciones y otros delitos que se cometen.

De allí, que entre los cambios está la creación de estas oficinas. La idea es que las personas denuncien las amenazas y la intimidación. No obstante, militares de la zona investigan a la presunta “guerrilla ecuatoriana”. Incluso han detectado que pasan a Colombia a conseguir armamento para actuar.

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