6 de November de 2009 00:00

USD 654, la multa para el taxi ilegal

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Redacción Quito

La mañana de ayer, cuatro taxis amarillos estaban estacionados a la salida de la estación norte del Trole, en la Y. Pero a diferencia de otros días, los conductores no esperaban pasajeros.

Ellos se detuvieron en la avenida 10 de Agosto al pasar por un control policial. Mientras uno de los uniformados verificaba la matrícula y los permisos de operación del taxi conducido por Raúl Buendía, él contó que su vehículo pertenece a una cooperativa de taxis de Cumbayá.



Lo que dice la Ley
Según el art. 57 de la Ley de Tránsito, para operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación.
Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran los taxis (...), los cuales serán prestados únicamente por compañías y cooperativas autorizadas y que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional.
El Municipio efectúa los controles a los taxis ilegales amparados en la Ordenanza 247. Según la norma, se sancionará a los conductores con una multa que corresponde a tres remuneraciones básicas unificadas. Esto corresponde a USD 654.Buendía desconocía de los operativos que realizan conjuntamente la Policía de Tránsito, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Emmop) y la Policía Metropolitana, desde el miércoles, para el control de taxis ilegales o que circulan fuera de su jurisdicción.

La documentación que, según Buendía, mostraba que el permiso de operación de su taxi está en trámite estaba incompleta, por lo que el agente de tránsito le pidió que buscara la manera de justificar su argumento.

Mientras tanto, el policía metropolitano José Luis Moreno se embarcó en otro taxi amarillo de propiedad de César Montaluisa, para escoltarlo hasta el patio de retención de la av. Río Coca.

En el trayecto, Montaluisa aseguró que tenía todos sus papeles en regla. “Aquí tengo la matrícula, mi licencia y el acta notariada de la constitución de la compañía de taxis”. No obstante, el policía Moreno explicó que la detención del vehículo fue porque el chofer no presentó el permiso de operación.

Cuando llegaron a los patios de la Río Coca, un guardia de seguridad anotó la hora de ingreso del vehículo en su registro. Pasados 15 minutos llegó un fiscalizador de la Emmop, quien llenó el parte de ingreso y colocó sellos de seguridad en las puertas del vehículo. Con el taxi de Montaluisa eran 17 los vehículos amarillos que habían ingresado desde el miércoles.

La sorpresa del taxista llegó cuando el fiscalizador le explicó que su vehículo permanecerá retenido por 15 días. Pero antes debe pagar una multa de USD 654. “Estoy de acuerdo con el control, pero no la multa, además no es justo que detengan el vehículo”.

Según la Ley de Tránsito, el conductor que preste servicio de transporte informal será sancionado con una multa de USD 109 y la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir.

La jueza quinta de Tránsito, Francia Alarcón, explicó que según un principio jurídico, en este caso existe una contradicción entre la Ley de Tránsito y la Ordenanza municipal. Es decir, existe un principio de jerarquía, pues la Ley estaría sobre la Ordenanza. Por ello, la detención de los autos sería ilegal. 

No obstante, el secretario de Movilidad, Carlos Páez, aseguró que no existe tal contradicción y que más bien la Ordenanza es una norma complementaria de la Ley.

El perjuicio económico fue otra de las quejas de Freddy Terán, otro taxista. “El taxi es nuestra única fuente de ingresos económicos”. Durante los 15 días de retención del vehículo, Terán dijo que perderá aproximadamente USD 750. El chofer también se quejó por la excesiva demora en el trámite de legalización en el ente municipal. Páez, admitió el retraso y aseguró que se están tomando las medidas para agilitar los trámites.

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