Universidad

Francisco Giner de los Ríos, el célebre pensador y maestro que revolucionó la pedagogía española a finales del siglo XIX, afirmaba: “¿Qué le debe pedir la Universidad al Estado? Sin duda y ante todo lo que Diógenes a Alejandro: que no nos quite el Sol”.  La universidad debe cultivar la ciencia, transmitir el saber y, sobre todo, enseñar a pensar. Esto exige un ambiente de libertad que estimule la imaginación y el espíritu para empujar los límites del conocimiento sobre la base de la prueba y el error. El proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior presentado por Senplades hace pocos días limita severamente las libertades que deben amparar el conocimiento y la ciencia y coloca al individuo al servicio del Estado y sus objetivos de planificación.

En el aspecto formal, el proyecto de ley es ferozmente reglamentario y contiene 237 artículos y 25 disposiciones transitorias. La propuesta cae en detalles nimios como regular los honorarios de los interventores de las universidades o normar el año sabático de los docentes. En los aspectos de fondo existen problemas muy graves que podrían provocar daños irreparables al sistema universitario en lugar de mejorarlo.  Uno se relaciona con la supresión del Conesup, órgano autónomo, y la creación de una Secretaría Técnica controlada por el Ejecutivo para regular la educación superior. Un órgano regulador que dependa enteramente del Ejecutivo y que sufra las vicisitudes propias de la política ecuatoriana, atenta contra los principios de autonomía, independencia y continuidad de políticas que deben sustentar el sistema universitario. Otro se refiere a la estructura de cogobierno que se impone a las universidades particulares y la forma de elegir a sus autoridades y decanos. De ser aprobados estos mecanismos, dichas instituciones terminarán politizándose y corriendo la triste suerte de muchas universidades públicas que sucumbieron ante la ambición y el oportunismo.

Es difícil concebir que una Ley de Educación Superior haya sido elaborada desde una oficina de planificación sin la participación de los actores del sistema universitario. Los técnicos de Senplades jamás visitaron las universidades e institutos ni aguardaron los resultados de la auditoría practicada a las universidades por orden de la Asamblea. ¿Es posible regular las universidades sin haber tenido el menor contacto con ellas? Se dirá que el proyecto es el resultado de los talleres organizados en varias ciudades con la participación de las autoridades de las universidades del país. Al mirar el texto, sin embargo, aparece claramente que el proyecto estuvo elaborado de antemano y que los talleres fueron simplemente un ejercicio formal para legitimarlo.

La experiencia histórica demuestra que el dirigismo estatal es incapaz de construir una universidad de calidad que estimule el crecimiento individual y social.

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