6 de July de 2009 00:00

Universidad

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Carlos Larreátegui

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Es indispensable iniciar un debate nacional sobre el controvertido proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior elaborado por Senplades. Me permito presentar algunas de las propuestas inconstitucionales e inconvenientes.

1. Unos más iguales que otros. El art. 53 del proyecto establece que la elección de Rector, Vicerrector y autoridades académicas se hará  mediante  votación universal, directa, secreta y obligatoria de docentes, estudiantes, graduados y trabajadores.  No es difícil advertir que un régimen semejante  viola el principio de autonomía y condena a las universidades a una politización creciente y dañina. Esta fórmula electoral aplica a todas las universidades, públicas y particulares, excepto a las militares y a varias católicas que podrán designar  sus autoridades de acuerdo con sus normas.  Al conceder autonomía de gobierno a unas pocas universidades, el proyecto  viola los derechos de igualdad y no discriminación garantizados por la Constitución.

2. Doctores y más Doctores. Establece como requisito para ser rector o vicerrector tener un título de Ph.D., es decir, ser un académico altamente especializado. Considerando que existen 71 universidades, 200 institutos y apenas 17 doctores registrados en el Conesup, el Ecuador requerirá importar algunas centenas de doctores o entregar títulos al granel. Un Rector deber ser un académico bien formado que además conozca de finanzas, recursos humanos, legislación, planificación estratégica y otras áreas.

La especialización doctoral no guarda una relación directa con esas destrezas. No basta el título. El art.103 del anteproyecto establece un “examen de habilitación para las carreras cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la vida, la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de la ciudadanía”.

En otros términos, los títulos de las universidades no bastarían para ejercer ciertas profesiones y sería necesario aprobar un examen administrado por  el Gobierno. Puesto que todas las carreras podrían, finalmente, comprometer el “interés público” de acuerdo con esta definición, el Gobierno terminaría de examinador último y asumiría funciones de la universidad. 4. Una lista complicada.

Según el artículo 132 del proyecto, el Gobierno solo reconocerá los títulos de universidades extranjeras de alto prestigio y calidad internacional que consten en su listado oficial. Clasificar cerca de 10 000 universidades y decidir cuáles son prestigiosas es una tarea que ningún país ha realizado. Los estudiantes ecuatorianos que deseen realizar estudios en el extranjero deberán consultar la “lista” y verificar que su universidad haya sido incluida. 

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