La UP dijo que no se han reunido con representantes de Creo-SUMA y que tampoco han solicitado compromisos por parte de Lasso para entregar su apoyo. Foto: Diego Puente / EL COMERCIO
Guillermo Lasso, presidenciable por la Alianza Creo-SUMA, tiene un nuevo apoyo. El movimiento Unidad Popular (UP) lo respaldará en la segunda vuelta electoral. La dirigencia de la lista 2 enfatizó en que esta es una opción para derrotar al movimiento oficialista Alianza País (AP).
Geovanni Atarihuana, presidente nacional de UP, encabezó la rueda de prensa que se dio este sábado 4 de marzo del 2017. Dijo que no se han reunido con representantes de Creo-SUMA y que tampoco han solicitado compromisos por parte de Lasso para entregar su apoyo.
“Nosotros no hemos puesto condición alguna. Es una posición de izquierda estar junto al pueblo para derrotar a quien que lo ha atropellado durante estos 10 años. Nosotros no tenemos previsto ningún compromiso con el binomio de Guillermo Lasso. No estamos condicionando en absoluto a la candidatura. No vamos a participar de ese nuevo Gobierno y vamos a mantener independencia“, dijo.
La dirigencia llamó abiertamente a su base política y social a votar a favor de Lasso. Natasha Rojas, representante de UP y candidata a la Asamblea Nacional, indicó que su movimiento tendrá actividades proselitistas para captar votos a favor de Lasso. “Vamos a participar en la campaña electoral así como también en el control de los votos para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano“.
Para este movimiento político identificado como izquierda no existe contradicción para votar a favor de Lasso, que ha sido señalado cercano a sectores de derecha y de la banca. “Este es un voto súper coherente. Hemos combatido a un gobierno que ha beneficiado a la banca y a las transnacionales“, comentó Atarihuana.
En el caso de que una nueva tendencia política llegué a Carondelet, Unidad Popular se movilizará para hacer cumplir las propuestas y las demandas del pueblo. Además insistirá en un pedido de Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución y para evitar que personas cercanas al Gobierno estén dentro de los cargos de control del Estado.