29 de junio de 2016 19:02

Unidad Popular pide examen especial al diseño y construcción de 63 unidades educativas del Milenio

Geovanni Atarihuana acudió a la Contraloría acompañado del asambleísta Milton Gualán y de Natasaha Rojas, para exigir al organismo de control tramitar sus pedidos. Foto: EL COMERCIO

Geovanni Atarihuana acudió a la Contraloría acompañado del asambleísta Milton Gualán y de Natasaha Rojas, para exigir al organismo de control tramitar sus pedidos. Foto: EL COMERCIO

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Mariela Rosero

No solo piden la destitución del ministro de Educación, Augusto Espinosa. Además se pidió formalmente a la Contraloría General del Estado General del Estado realizar un examen especial al diseño y construcción de las 63 unidades educativas del Milenio que funcionan en Ecuador.

La solicitud la hizo este miércoles 29 de junio del 2016, Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, que surgió del extinto Movimiento Popular Democrático. Esta organización ha estado vinculada a la educación, por su cercanía a la Unión Nacional de Educadores (UNE).

¿Cuál es el argumento de Atarihuana? El colapso de la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales, que se inauguró apenas en octubre del 2013. Y que es la infraestructura más afectada tras el terremoto que sacudió Manabí y Esmeraldas, especialmente, el 16 de abril de este 2016.

(El colapso) evidenció al menos 12 fallas de construcción. El perjuicio al Estado, solo en ese caso específico, asciende a USD 4,5 millones, según Atarihuana.

Atarihuana acudió hoy a la Contraloría General del Estado, acompañado del asambleísta Milton Gualán, también de otra líder de Unidad Popular, Natasaha Rojas, para exigir al organismo de control tramitar sus pedidos.

Para Atarihuana, “el perjuicio causado al Estado por no haber asegurado la infraestructura educativa en Manabí y Esmeraldas, tal como exige la ley, suma USD 195”. El dirigente asegura que es una disposición que el ministro de Educación, Augusto Espinosa, debía cumplir.

En este sentido, Atarihuana argumentó que “la ley debe ser para todos los funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República y los ministros”, pues así lo establece el Reglamento de administración y control de bienes del sector público.

No es la única organización política que está detrás de este caso. Avanza, a través del asambleísta Byron Pacheco, intenta impulsar un pedido de juicio político a Espinosa. Específicamente por no haber cumplido con el artículo 5 del reglamento de uso y administración de bienes públicos. “La Ley no es opcional, es de cumplimiento obligatorio”, dijo el legislador, que asume que será difícil llevar adelante este proceso en la Comisión de Fiscalización, con mayoría de Alianza País y en donde no han caminado otros casos, empujados por la oposición.

¿Qué responde el Ministro de Educación? Reitera que técnicamente no es conveniente asegurar los bienes improductivos del Estado. Dice que le pidió a su despacho coordinar una cita con el contralor Carlos Pólit. El objetivo sería pulir el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, expedido con Acuerdo 017 - CG - 2016 (15 abr 2016) y publicado en el Registro Oficial 751 el 10 de mayo de 2016.

El mencionado artículo 5 expresa que la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, para lo cual, verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas.

Si hubiera asegurado Pedernales, ¿de dónde hubieran salido los recursos para asegurar Pedernales?, pregunta y responde que habrían salido de los ingresos permanentes, fundamentalmente impuestos, y que eso hubiera significado dejar de lado otras cosas como la alimentación escolar, recategorización de los docentes fiscales. También insiste en que el reglamento es muy ambiguo y por eso debe ser pulido y debe provocar un debate nacional pues no habría que asegurar solo las unidades educativas del milenio que son nuevas sino todas las instituciones.

El Contralor General del Estado, desde el 9 de mayo, emitió la disposición para que se inicien acciones de control en todas las entidades del sector público para verificar que los bienes a su cargo estén debidamente asegurados como dispone la Ley. Este lunes emitió un comunicado, publicado en periódicos del país, ratificando sus acciones y la validez del reglamento.

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