4 de December de 2009 00:00

La Unesco hace 22 observaciones

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Redacción Política

El proyecto de ley  otorga al Consejo de Comunicación e Información una “enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal, que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrían convertirse en restricciones a derechos fundamentales”.

Esa es una de las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la  Educación la Ciencia y la Tecnología (Unesco) sobre el proyecto de ley de Comunicación que se discute en la Asamblea Nacional.

En un amplio documento, de 122 páginas, Gustavo Gómez Germano (uruguayo, especialista en  marcos regulatorios y políticas públicas sobre comunicación), identifica vacíos, contradicciones, violaciones a la legislación internacional, aciertos...  sobre 22 temas incluidos en el  proyecto.

El documento  de la Unesco  fue redactado antes de que la mayoría de la Comisión de Comunicación presentara el informe para primer debate. Sin embargo, después de que se hiciera el pedido a la Unesco, la Comisión siguió trabajando en el diseño del proyecto de ley, cuyo texto fue presentado el sábado 21 de noviembre.  

No obstante, las observaciones coinciden con la mayoría de los planteamientos  que constan en el documento final.

Un tema que preocupa es el Consejo de Comunicación, sus facultades e integración. Al nuevo organismo -destaca el estudio- le asignan  más atribuciones  que las que el propio articulado define como su finalidad:  velar y contribuir al ejercicio del derecho a la comunicación. “Tiene también funciones de aplicación, de reglamentación, de fiscalización y de sanción”, señala el documento.

Según las observaciones del especialista de la Unesco, los asuntos más inadecuados se refieren a la expedición de registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, incluso de medio escritos, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, medios o cualquier persona a través de los medios difundieron información que no sea considerada “veraz” por el Consejo.

También cuestiona la forma en la que se integrará el Consejo, con participación de representantes del Gobierno y de la sociedad civil nombrados mediante concursos. Es inadecuado que los delegados del Gobierno mantengan funciones en él, apunta.

La Unesco  destaca positivamente la mención de que el organismo de control tenga  autonomía administrativa y financiera.

Sin embargo, sugiere que “debería mencionarse expresamente su independencia política y jerárquica del Gobierno,  en materia de decisiones, sin lo cual no se garantiza la independencia real”. El llevar el registro de los medios, que se propone en la iniciativa del oficialismo, también conlleva peligros, según la Unesco. “En los hechos, esta función va más allá, a la luz de otros artículos ya comentados, ya que no se trataría de un simple catastro, sino que por los antecedentes del debate y los proyectos previos el Consejo podrá establecer condiciones previas para su funcionamiento, en especial de los medios impresos”, observa  el informe.

También califica como “especialmente sensible” la posibilidad de sancionar a los medios y a los periodistas. 

Otro aspecto analizado es el que tiene que ver con la censura previa. Aunque el proyecto de ley de la mayoría afirma que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión...  no está sujeto a  censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes”, Gómez Germano  considera que no es conveniente dejar abierto el artículo  con el condicionante “salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes”.

Su argumento: hay contradicción y esa disposición es muy laxa, se pudieran incluir una serie de instrumentos, relacionados o no con los derechos humanos.

Otro tema relevante que  ha defendido con vehemencia  el oficialismo, y que consta en la Constitución aprobada en Montecristi, es el de “información verificada, de calidad, contextualizada...”. 

La observación del organismo internacional es que estas disposiciones, por ser obligaciones que serán controladas y sancionadas por una autoridad estatal, configuran condicionamientos previos. Los instrumentos internacionales que la Ley reconocerá no admiten condicionamientos previos al ejercicio de  la libertad de expresión e información, tales como los de “verificación y contextualización”.  Estos son incompatibles con el derecho a libertad de expresión. 

La profesionalización para ejercer el periodismo es otra observación. El argumento es que la propuesta legal viola tres instrumentos internacionales. Por ello recomienda que se eliminen todos estos artículos, pero que se mantengan los que tienen que ver con la capacitación a los periodistas.

El informe será materia de análisis entre los asambleístas. Hasta ayer varios legisladores no conocían el documento.

Para la próxima semana está previsto que los miembros de Alianza País lleguen a acuerdos en algunos de estos temas en  los que no tienen aún una posición. Según anticipó Fernando Cordero, el debate en el Pleno se iniciará el jueves 10.

Más puntos analizados por el organismo internacional

Sobre las prohibiciones  y responsabilidades, la Unesco sostiene que hay un exceso de regulaciones  y, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos , estas son ilegítimas.  

En cuanto al registro  de medios, la Unesco sostiene que es incompatible, principalmente para los impresos o por Internet, con los estándares interamericanos.     

Sobre las  frecuencias, el informe recomienda que se incorporen los mecanismos y criterios para garantizar la igualdad de oportunidades a todos los colectivos.  

Sobre la concentración de medios, el estudio  considera que se deben desarrollar medidas contra la concentración para garantizar la diversidad y el pluralismo.

Con respecto a los códigos de ética para los medios de comunicación, el estudio indica que la propuesta del oficialismo es contradictoria e incluso  opuesta al alcance de otros artículos de este proyecto en materia de regulación estatal. 

El informe también destaca que varios artículos cumplen con estándares internacionales y buenas prácticas mundiales. Uno de ellos es que el proyecto  tiene un enfoque de respeto a los derechos humanos  y no mercantilista.

También reconoce  que el proyecto reitera el pleno reconocimiento y vigencia de los derechos constitucionales sobre comunicación.
 
Con respecto a la reserva  del espectro radioeléctrico, el informe precisa que hay varios países de América  que incluyen esta medida para medios audiovisuales comunitarios y sin fines de lucro. Esa es una recomendación de los relatores para la libertad de expresión.

Sobre el derecho a rectificación, réplica o respuesta, el organismo indica que el proyecto reconoce ese derecho. No obstante, considera que en  la redacción se debería incluir tal como consta en la Convención Americana de Derechos Humanos.

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