La embarcación Patricia está retenida, mientras duran las investigaciones del percance. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
El Jefe de Operaciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) no recibió ningún llamado del barco Patricia. Según los protocolos, el capitán del pesquero tenía que comunicarse por radio para pedir autorización para movilizarse desde el muelle privado, en las calles Camilo Destruge y La Ría, sur de la urbe.
El gerente de la APG, Guido Ferretti, informó que el buque debió tener el permiso, además de un práctico que ayudara en la navegación. Y cuando intentó trasladarse desde ese atracadero hasta otro, en el cantón Durán (Guayas), ocurrió el accidente. Se presume que hubo una falla en el motor.
Pero en esa maniobra el barco pesquero golpeó la estructura del puente basculante que conecta a la ciudad con la isla. Se desplomaron dos losetas de 145 metros, de los 840 metros que mide el puente. Hasta ayer no había un informe oficial sobre las causas del accidente de la tarde del jueves a las 15:40.
El juez de Garantías Penales, Bernardo Ortega, dictó prisión preventiva en contra del capitán del buque Patricia y la incautación de la embarcación. La nave permanecía el 13 de octubre del 2017 anclada en uno de los muelles privados, en el barrio Cuba, en el sur de la ciudad. Y ahí se realizó la audiencia de flagrancia.
El fiscal de Flagrancia, Santiago Mozo, dijo que se hizo así por “operaciones propias marítimas, el señor capitán de la nave no podía trasladarse o movilizarse hacia otro lugar”.
Dijo que es procesado por el delito de daño al bien ajeno, según el numeral 1 del art. 204 del Código Orgánico Integral Penal . “La sanción privativa de libertad es de 3 a 5 años”.
La nave tiene una licencia activa para pesca industrial y pertenece a Alcesa SA, según los registros del Ministerio de Acuacultura y Pesca. Hasta el cierre de la edición no hubo un comunicado de la empresa. Pero Ferretti informó que la compañía tiene los seguros respectivos para accidentes.
La coordinadora zonal 8 del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Irene Ferruzola, negó que el puente hubiera tenido daños antes del accidente. La obra, inaugurada en el 2014, inicialmente tenía un costo de USD 14 millones, pero por contratos complementarios subió a USD 20 millones.
Contó que a partir del 24 de mayo del 2017, el Secob empezó a administrar el puente. La institución estaba por entregar un tramo de readecuaciones en las camineras de acceso a la isla. “Por eso los directores del Secob, el administrador de la obra y los fiscalizadores venían realizando inspecciones constantes”, dijo Ferruzola.
El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, llegó a las 13:20 para reunirse con la comuna y buscar soluciones para que no se afectara el turismo. Explicó que las instituciones públicas harán actividades recreativas todos los fines de semana para atraer a los visitantes.
En el 2016, se registraron 362 000 visitantes nacionales y extranjeros. El otro puente que conecta a la isla con Durán opera con normalidad y se hará promoción para el acceso terrestre por esa ruta. La Dirnea evaluará las opciones de embarcaderos de la ciudad para garantizar el traslado a Santay. Una de las alternativas es el muelle del Yacht Club Naval, en el Malecón 2000.
Elsa Rodríguez, guía turística, dijo que llevarán turistas desde ese malecón. Espera que aumenten las visitas por vía fluvial por la falta del puente.