27 de noviembre de 2017 00:00

Tribunal Contencioso Electoral resolverá conflicto de directiva de AP

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Adriana Noboa
Redactora 
anoboa@elcomercio.com (I)

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El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Patricio Baca Mancheno, convocó a una audiencia este miércoles 29 de noviembre del 2017. El objetivo es tratar la situación de Alianza País (AP); en específico, las medidas cautelares emitidas por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, a favor del presidente Lenín Moreno.

Baca llamó al estrado a los tres jueces que dictaron la medida y a la secretaria ejecutiva de AP, Gabriela Rivadeneira, quien los denunció por arrogación de funciones.

El juez electoral tiene la potestad de finiquitar la medida cautelar y dirimir el conflicto interno de AP, como lo atribuye el Código de la Democracia. El TCE es la máxima autoridad en materia electoral y el pleno del organismo es su última instancia.

Con la audiencia se definirá si las medidas cautelares se mantienen o no. Estas impiden que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inscriba a la nueva directiva nacional del oficialismo, nominada por la facción correísta del movimiento.

Si el juez Baca las mantiene, Moreno seguirá como presidente del oficialismo. Pero si las elimina dejará la vía libre para la inscripción de otra directiva nacional. Este es el objetivo de la denunciante: inscribir a Ricardo Patiño, exconsejero presidencial, como presidente, y a ella misma como vicepresidenta. Una parte de la directiva nacional tomó esta decisión el 31 de octubre.

Mientras tanto, Moreno quiere mantener el control de la agrupación con otra parte de la directiva, que reemplazó, el jueves, a Patiño y Rivadeneira, poniendo en sus cargos a la canciller María Fernanda Espinosa y el asambleísta Ricardo Zambrano, respectivamente.

La competencia del TCE

El experto electoral y exvocal del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, confirma que el TCE tiene la competencia exclusiva y excluyente en materia electoral. Pero dice que no se puede hablar de una arrogación de funciones de los jueces penales, sino de “una invasión de un ámbito de la jurisdicción electoral”, permitido por la ley, porque sí son autoridades.

Además, advierte que morenistas y correístas, incurrieron en errores procesales. Esto porque, por ejemplo, Moreno no tuvo derecho a la defensa al ser retirado del cargo. Pero, a su vez, él tampoco acudió a las instancias internas del movimiento o al TCE, sino a la justicia ordinaria. Por lo que ambas acciones pueden ser calificadas de inaplicables, señala.

Otro experto electoral y también exmiembro del TSE, Medardo Oleas, coincide en que la decisión definitiva está en manos del TCE, que deberá resolver el conflicto interno.

Explica que las medidas cautelares no implican una resolución, sino una suspensión de una determinada acción, hasta que la autoridad competente dirima el problema. Por lo que también rechaza que exista una arrogación de funciones de los jueces penales.

Si alguno de los bandos no está de acuerdo con la decisión del juez Baca, esta puede ser apelada ante el pleno del TCE, compuesto por cinco jueces electorales (ver gráfico). De ser así, ellos decidirán qué facción del oficialismo se queda con la estructura partidista.

La directiva

Al momento, Moreno continúa siendo el titular de AP y Rivadeneira su secretaria ejecutiva, ya que no se han registrado oficialmente ante el pleno del CNE los cambios hechos por ambos bandos.

Sin embargo, el jueves pasado, dicho Consejo debía conocer el informe sobre “las comunicaciones” remitidas por la dirección nacional de AP.

Esto no sucedió. En una confusa e imprevista suspensión de la sesión, el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, se retiró y no regresó al plenario.

Esto causó la molestia de sus compañeros, quienes viajaron a Guayaquil para sesionar. La consejera Ana Marcela Paredes dijo que lo sucedido se dio porque Pozo no contaba con los votos para aprobar el informe, aunque no se reveló el contenido del documento.

Este Diario intentó obtener la versión de los demás consejeros electorales, pero, debido a sus agendas, no fue posible.

Así, la pugna por mantener la dirección de Alianza País, que pudo ser resuelta dentro de su propia sede, queda en manos de las autoridades electorales. Oleas sostiene que, el miércoles, TCE debe tratar el tema de fondo: qué directiva nacional mantiene el poder. Y Acosta afirma que la decisión puede darse inmediatamente concluida la audiencia, a menos que el expediente sea demasiado extenso y el juez requiera de más tiempo para analizar las pruebas presentadas.

No obstante, en esta audiencia no estará presente ningún representante de la facción ‘morenista’ ya que no forma parte del proceso.

Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa, que regresó al país el sábado en la madrugada, está preparando, junto con Patiño y Rivadeneira, la VII convención nacional del oficialismo. Ahí, advirtió que se expulsará a los miembros que “han traicionado” al movimiento. Ayer, 26 de noviembre, estuvo en Cuenca y dio un mensaje a sus simpatizantes en la plaza El Rollo.

Moreno, junto con Espinosa, Zambrano y sus demás seguidores, decidieron posponer su convención nacional para enfocarse en la consulta popular que ha sido propuesta por el Gobierno.

En contexto

El movimiento Alianza País (AP) está dividido desde el 31 de octubre. Por un lado, la directiva cercana al exmandatario Rafael Correa, liderada por Ricardo Patiño, y en otro el grupo cercano al presidente Lenín Moreno. Esta semana el TCE resolverá el conflicto.

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