27 de noviembre de 2017 00:23

Tribunal Penal recibe datos sobre transferencias de dinero en el caso Odebrecht

El sábado, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, asistió a la audiencia que se desarrolla en la Corte Nacional. Foto: Agencia APÍ

El sábado, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, asistió a la audiencia que se desarrolla en la Corte Nacional. Foto: Agencia APÍ

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Redacción Seguridad
(I)

El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia recibe poco a poco los datos relacionados con el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Ayer, 26 de noviembre del 2017, Tatiana Celi, funcionaria de la Unidad de Análisis Financiero, dejó en evidencia las transferencias que realizaron José Terán, Ramiro Carrillo, Édgar Arias (enjuiciados) y las empresas Diacelec y Columbia Management.

Estas firmas fueron usadas por la constructora brasileña, para ocultar a las personas que recibieron los sobornos.

Las investigaciones determinan que Arias, por ejemplo, hizo dos movimientos financieros por USD 394 606 con Diacelec y otra por 162 948 con Columbia. De acuerdo con las investigaciones esas transferencias se produjeron en el 2014.

Cuando se rastrearon las cuentas de Diacelec se descubrió que la firma que ordenaba los pagos era Odebrecht.

Pero también se encontraron claves como ODE, ODE 2 y ODE Poliductos. Lo que tratan de determinar los agentes es por qué aparece esta división de nombres y a quién más se benefició con el dinero ilegal.

En el caso de Carrillo y Terán se mencionaron montos más bajos, de hasta USD 72 000.

Pero estos serían una parte de los movimientos que habrían realizado los sospechosos.

Los abogados de los procesados dicen que sus clientes son inocentes. En medio de la intervención de Celi, el abogado de Arias, Marcelo Ron, preguntó si entre los principales beneficiarios de Diacelec constan los nueve procesados.

Además, quiso saber si en esa lista están Equitransa, Alesbury, Glory International y Popa Worldwide Companny, también usadas por la constructora de Brasil.

Celi dijo que no. Luego, el jurista consultó si las transferencias entre Odebrecht y Diacelec era nacionales o internacionales. La funcionaria aseguró que ese dato no está detallado en el informe.

La información que recopilen los abogados servirá para plantear la defensa de las personas enjuiciadas.

Tras la intervención de Celi comparecieron dos peritos más. Uno había participado del allanamiento a la casa del empresario Gustavo Massuh (procesado). Él contó que en el domicilio se encontraron cuatro USB y que en uno de estos había datos de Odebrecht.

Ese dispositivo fue analizado por otro perito, que ayer aseguró que el ‘pendrive’ contenía 57 archivos en PDF, distribuidos en 29 carpetas.

Algunos de los archivos estaban identificados con estos nombres: Vladmau Acuerdos, 2013 Pram, G Power Group, GMD2014, MS-HS Febrero 2014, Judi 2013, etc.

Minutos después, el Tribunal Penal recibió al presidente ejecutivo de Vladmau Construcciones, Vladimir Sper.

Él aseguró conocer a Carrillo y a Massuh y explicó cómo se pagaron USD 72 000 al primero de estos sospechosos. Dijo que se canceló ese monto, por una prestación de servicios, que “nunca existió”.

Estos detalles fueron analizados por los fiscales del caso y sus conclusiones servirán para exponer en el juicio.

Casi el mediodía, el acusador particular, César Montúfar, dijo que todos los elementos que se han expuesto hasta ahora ayudan a comprobar la teoría de la Fiscalía, de que los procesados cometieron el delito de asociación ilícita.

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