29 de noviembre de 2017 23:00

Tribunal conoció informe penal de EE.UU.

El vicepresidente Jorge Glas a su arribo a la Corte Nacional de Justicia. La audiencia se desarrolla en el octavo piso. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

El vicepresidente Jorge Glas a su arribo a la Corte Nacional de Justicia. La audiencia se desarrolla en el octavo piso. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO

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Javier Ortega

El sexto día de juicio por el caso Odebrecht entró en una nueva fase. Este martes, la Fiscalía exhibió las primeras pruebas documentales que confirmarían su teoría de una posible asociación ilícita entre el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, y otros siete indagados.

En las primeras cuatro horas de audiencia, el fiscal general Carlos Baca presentó la asistencia penal de EE.UU., que detalla el esquema de sobornos que aplicó la empresa brasileña en Ecuador; y las copias de los contratos de cinco obras donde al parecer hubo corrupción.

Odebrecht entregó USD 33,5 millones en coimas y se benefició de otros 116 millones por los contratos adjudicados entre el 2010 y el 2016”, relató Baca mientras leía el informe del Departamento de Justicia.

Además, el investigador dio detalles del retorno de la constructora brasileña en el 2010.

Con base en el documento de EE.UU., el Fiscal aseguró que Odebrecht acordó el regreso con “un intermediario de un funcionario del Gobierno ecuatoriano (que tenía) el control en los contratos públicos”.

El Vicepresidente, que hoy lució un traje azul y corbata celeste, tomó apuntes de todo lo que dijo Baca. También habló, casi susurrando, con su abogado, Eduardo Franco Loor.

Luego de exhibir la asistencia penal, el Fiscal continuó con las copias de los contratos de los proyectos. Mencionó la remoción de tierras en lo que sería la Refinería del Pacífico, el Acueducto La Esperanza, la central Manduriacu, el Poliducto Pascuales Cuenca, y el Trasvase Daule-Vinces.

“Como ya se demostró con los testigos, estos documentos prueban que la asociación ilícita sí existió”, comentó Baca al presentar los documentos.

En ese momento hubo una pausa. Édgar Flores Mier, presidente del Tribunal Penal, tomó la palabra y pidió que las pruebas sean revisadas por los abogados de los nueve procesados, tal como lo determina la legislación penal.

Uno a uno, los defensores analizaron los documentos. Franco impugnó la asistencia penal de EE.UU. y los contratos. “Quiero que el Fiscal nos haga saber si tiene autorización del Departamento de Justicia para presentar este informe en el juicio. Caso contrario, esto no tendría validez”.

Luego rechazó los contratos. Cuestionó que uno estuviera incompleto y que en el resto no se mencionara a Glas entre los funcionarios que los suscribieron. “No se prueba la asociación ilícita”, apuntó.

Los mismos cuestionamientos hizo Wilson Velástegui, abogado de Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador. El jurista advirtió que su cliente firmó el contrato para la construcción del Poliducto Pascuales Cuenca por delegación del entonces gerente de la estatal petrolera, Marco Calvopiña. Incluso citó el poder notarizado.

Ese documento fue legalizado el 2 de octubre del 2013, en la Notaría Vigésima Sexta de Quito. Allí comparecieron Calvopiña y Carrillo. Ante el notario, el gerente de Petroecuador le entregó el poder especial a Carrillo, para que él adjudicara y suscribiera el contrato.

Hoy, Velástegui señaló que ese contrato es público y que no prueba que su cliente haya sido parte de la asociación ilícita. Aclaró que él solo actuó por delegación de su superior.

Aníbal Quinde,
abogado de Rivera, también objetó los documentos y aclaró que en ninguno se menciona a su cliente.

El juez Flores Mier volvió a tomar la palabra y aclaró que el Tribunal Penal anotará todas las observaciones de los abogados. Los cuestionamientos serán analizados a la hora de dictar una sentencia.

Tras esa explicación, el fiscal Baca continuó y presentó otro bloque de pruebas documentales. La primera fue un certificado del Ministerio Público Federal de Brasil, en el cual se garantiza que José Conceição Santos cumple una pena de ocho años de cárcel por su participación en los actos de corrupción en Ecuador.

Santos, exdirector de Odebrecht en Ecuador, reconoció que pagó sobornos y colaboró con la Fiscalía ecuatoriana. Como parte de la sentencia, el exdirectivo también debe cancelar una multa superior al millón de dólares.

Baca leyó parte del certificado del Ministerio Público de Brasil y recordó que entre los beneficiarios de las coimas estuvo el vicepresidente Glas.

Al mediodía, la audiencia se suspendió y se reanudó pasadas las 15:00. En la tarde, el Fiscal exhibió otro paquete de pruebas, que también fueron impugnadas por la defensa de los nueve sospechosos.

Incluso hubo momentos de tensión. Franco amenazó con demandar a Baca. Este le respondió y le dijo que “otros deben disculparse con el país por lo que hicieron”.

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