14 de diciembre de 2017 00:00

Tribunal condena a Jorge Glas y a su tío y abre la puerta a más indagaciones

Luego de la diligencia, Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel 4, en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Luego de la diligencia, Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel 4, en el norte de Quito. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Javier Ortega

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La primera sentencia por el caso Odebrecht se conoció oficialmente este miércoles, 13 de diciembre del 2017. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia halló culpables de asociación ilícita a ocho procesados, entre estos el vicepresidente Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera; todos en el grado de autores.

Solo el abogado Diego Cabrera fue declarado inocente, tal como lo pidió la Fiscalía el viernes pasado (8 de diciembre), en el último día de juicio. Los agentes no encontraron pruebas suficientes que demuestren que él participó en la trama de sobornos.

El fallo de los magistrados Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez provocó el llanto de familiares y amigos que se concentraron en el octavo piso de la CNJ. La sala estuvo abarrotada de parientes, policías, periodistas y funcionarios del edificio judicial.

“Glas es inocente”, “no hay pruebas contra él”, gritó una simpatizante, al concluir la audiencia. “Para esta justicia terrenal él es culpable, pero para Dios es inocente”, insistió otra.

El Vicepresidente apenas se dejó ver. Fue de los primeros en abandonar la Corte. Un grupo de policías lo custodió hasta el ascensor y desde el subsuelo lo movilizó a la Cárcel 4 de Quito, donde está recluido desde el 2 de octubre pasado.

Desde el viernes anterior, los magistradosanalizaron las pruebas que presentó el fiscal Carlos Baca y los alegatos de defensa de los sospechosos.

Ayer (13 de diciembre), casi al finalizar la lectura del fallo, el juez Flores pidió a la Fiscalía que investigara otros siete delitos contra Glas y el resto de condenados. Citó cohecho, concusión, tráfico de influencias, peculado, delincuencia organizada, testaferrismo y lavado de activos.

El tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, estaba recluido en el CDP, de El Inca. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, estaba recluido en el CDP, de El Inca. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Uno de los puntos más controversiales fue el monto de indemnización que solicitó la Fiscalía, como parte de la denominada reparación integral.

Baca pidió que los 8 procesados paguen USD 33,3 millones entre todos. Solo para Glas y Rivera, el fiscal exigió que cancelaran 14,1 millones. El Tribunal Penal ratificó ayer esos montos.
Sin embargo, esta sentencia es de primer nivel y los procesados tienen otras etapas para apelar el fallo.

Eduardo Franco Loor, abogado del Vicepresidente, ya adelantó que impugnará la decisión de los magistrados.“Es una sentencia inicua, bárbara, y afecta los derechos”.

Mientras esas apelaciones judiciales no se agoten, la reparación integral para el Estado permanecerá en suspenso.

Así lo explica José Luis Jaramillo, exfiscal y experto en derecho penal. Incluso hace una advertencia: los procesados pueden declararse en insolvencia -esto debe ser verificado por la Corte de Justicia- y, así, el cobro de la indemnización no se concretaría. “Este es un tema complejo, que tomará tiempo. No será fácil recuperar esas cantidades de dinero”.

El mismo criterio tiene la catedrática Paulina Araujo. Ella asegura que será “casi imposible” recuperar esos fondos.

“Los procesados van a alegar que no tienen plata, porque es lo que han dicho estos meses. Por más que se les imponga millones de dólares de indemnización, si se declaran insolventes no se podrá cobrar el dinero. Esta gente seguramente ya tiene la plata a nombre de testaferros. Ellos saben cómo delinquir”, explica la jurista.

Precisamente, la tarea de la Fiscalía será determinar si el dinero ilícito está a nombre de terceros, tal como lo pidió el Tribunal. Ayer, Baca aseguró que se cumplirá esa disposición y aclaró que algunas indagaciones ya se abrieron y están en fase previa (reservada).

¿Qué tan fácil será cobrar los USD 33,3 millones de indemnización? Una investigación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, publicada en junio del 2016, revela que el actual “sistema normativo” impide “cobrar los montos económicos que se aplican como reparación integral”, lo que ocasiona una vulneración “al derecho de la víctima”.

El estudio incluso aclara que existe “una escasa eficacia” de este beneficio y que “no hay un mecanismo para verificar” que todos esos pagos se cumplan.

La denominada reparación integral está contemplada en la Constitución (art. 78). Allí se indica que el Estado “adoptará mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado”.

Según el Código Integral Penal (art. 77), la reparación integral consiste en la indemnización económica y simbólica a la víctima de un delito.

Ayer, el Tribunal exigió que parte de la sentencia se publique en tres periódicos de mayor circulación nacional, como medida de reparación simbólica, tal como lo había solicitado el fiscal Baca, el viernes.

Esto también solo se podrá concretar una vez que la sentencia esté en firme; es decir, cuando la Corte agote las etapas de apelación que restan.

Jaramillo asegura que la condena podría llegar a última instancia en al menos un año y medio. Araujo calcula un tiempo similar, tomando en cuenta que el caso ha causado conmoción en el país y la justicia está actuando con rapidez.

Los imputados protestan

Hasta ahora, ninguno de los ocho procesados ha aceptado los montos de indemnización que fijó la Fiscalía y ratificó el Tribunal Penal. Los abogados exigieron al fiscal Baca que demuestre cómo calculó la imposición de esas cantidades.

Édgar Molina, por ejemplo, defensor de Gustavo Massuh, aseguró que debe haber un peritaje en el que se establezcan técnicamente esos valores.

“Aceptamos que mi cliente recibió dinero (de Odebrecht), pero el cálculo debe ser justo. Él está comprometido en pagar todo”, comentó el abogado.

Para Massuh, Kepler Verduga y José Terán Naranjo, la Fiscalía solicitó la rebaja del 80% de la pena por la cooperación que ellos brindaron. Ayer, los magistrados avalaron ese pedido y les impusieron 14 meses de prisión (el 20% de la pena).

Pese a este beneficio, el viernes pasado, Calixto Vallejo, abogado de Verduga, también cuestionó el monto de indemnización. Él reconoció que su cliente infló facturas a favor de la constructora, pero pidió que se considerara que pagó impuestos por todas ellas.

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