17 de septiembre de 2015 00:00

Tres parroquias están divididas por dos consultas

Con este cartel se recibió al Presidente cuando visitó la zona minera en Loma Larga. FOTOS: Xavier Caivinagua / el comercio

Con este cartel se recibió al Presidente cuando visitó la zona minera en Loma Larga. FOTOS: Xavier Caivinagua / el comercio

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Jackeline Beltrán

La aprobación de dos consultas populares sobre la actividad minera en la provincia del Azuay está en manos de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) verificó las firmas que presentaron dos grupos que están unos a favor y otros en contra del proyecto Loma Larga, antes conocido como Quimsacocha.

La Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad de las preguntas, es decir si son válidas para ser llevadas a consulta. El primer pedido calificado por el CNE, promovido por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón (Unagua), pretende evitar la extracción minera. El segundo, en cambio, es una propuesta de respaldo a la explotación, impulsado por el colectivo Unidos por el Desarrollo.

Los dos grupos defienden la legitimidad de las preguntas. Ayer, una delegación de Unagua acudió a la Corte para pedir que esta convoque a una audiencia en la que los comuneros puedan sustentar la constitucionalidad de su pregunta, señaló el dirigente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), Lauro Sigcha.

Aunque ellos están convencidos de que su pregunta tiene validez jurídica tienen un plan alterno, en el caso de que la Corte no dé paso a la consulta. “No hay razón para que no nos califiquen, pero como todo puede pasar, si no seda, iremos a la CIDH, para que disponga ejercer el derecho de participación ciudadana”, dijo el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel.

Al otro grupo, la consulta antiminera no le preocupa tanto como la falta de un acuerdo entre la empresa que tiene la concesión del proyecto, INV-Metals, y el Gobierno Nacional.

“Llevamos años esperando y con las firmas hemos demostrado que respaldamos la actividad minera”, sostuvo Víctor Barreto, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, del cantón Girón y dirigente del colectivo Unidos por el Desarrollo. “No sabemos en qué estado está el proceso en la Corte Constitucional, esperamos que sea ágil”.

El agua potable, entre otras obras públicas, son parte de las regalías por anticipado. FOTOS: Xavier Caivinagua / el comercio

El agua potable, entre otras obras públicas, son parte de las regalías por anticipado. 

En ese territorio, así como en Chumblín (San Fernando) y Victoria del Portete (Cuenca), tres parroquias de influencia directa del proyecto Loma Larga, la minería se convirtió en un tema de conversación cotidiana. Vías en buen estado, infraestructura en salud y educación, dotación de agua potable y alcantarillado y proyectos sociales son algunos beneficios que dejaron las regalías anticipadas.

La esperanza es que esta parte de la provincia se convierta en un eje de desarrollo económico si la extracción minera se concreta, aseguró Barreto, quien pertenece a Alianza País. La comunidad mira en esta actividad una fuente de trabajo, como ya ocurrió en etapas anteriores.

Antes del mandato minero, en el 2008, había unos 100 trabajadores en el proyecto. “Ellos se endeudaron para comprar casas, terrenos, porque tenían ingresos, ahora estamos a la expectativa”, señaló Rebeca Nieves, quien fue presidenta de la Junta Parroquial de San Gerardo por seis años cuando la empresa minera empezó a trabajar en la zona.

Ella admitió que al principio fue difícil que la comunidad aceptara el proyecto, pero los cambios generados abrieron el camino. Para Nieves, las consultas quedan en un segundo plano, porque el Gobierno declaró a este proyecto como estratégico. “El Estado tiene el poder para decidir si la minería va o no, más allá de una consulta popular. En este caso, San Gerardo no puede decidir, sabiendo que los beneficios van a ser para todo el país”.

El proyecto, incluso, ya fue considerado en los planes de desarrollo territorial de los gobiernos locales. Por eso, ellos plantean una pregunta relacionada con la inversión: ¿Está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha) se beneficie del 60% de las regalías que genere la explotación minera responsable?

Lo que para ellos es una oportunidad de desarrollo, para las juntas de agua, filial de la Conaie y la Ecuarunari, es una amenaza al ecosistema. Ellos rechazan una contaminación de las fuentes de agua, por la cercanía que tiene la roca mineral con la zona protegida Quimsacocha.

Aunque las autoridades aseguraron que no habrá afección a las fuentes hídricas, un estudio de las aguas y de los impactos ambientales de la actividad minera en esa zona y en Río Blanco, elaborado por el Instituto Público Francés BRGM en el 2013, concluyó que este proyecto requiere de una ampliación de datos y estudios sobre calidad y cantidad de agua subterránea y sobre la probabilidad de riesgos naturales e impactos derivados de la actividad minera.

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