Los procesos penales que se sustancian en contra de figuras políticas afectan de distinta manera a los partidos que los auspician. Uno de los últimos casos judicializados que volvió a la palestra fue el de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social.
El lunes anterior se le revocó la prisión preventiva por el presunto delito de peculado, pero Espinel continúa retenido por otro proceso, de supuesto lavado de activos.
Su movimiento, Fuerza Compromiso Social (FCS), afronta un proceso de reestructuración interna, con miras a las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.
En los últimos dos meses, los directivos recorrieron ciudades como Palenque, Santo Domingo y Esmeraldas, para promocionar a los cuadros de la lista 5. Los principales dirigentes aún respaldan a Iván Espinel y hacen pública su postura en redes sociales.
En términos de desafiliaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio cuenta que en el último año, 380 adherentes se separaron de esa tienda política. Hasta el pasado 1 de julio, el organismo electoral tenía registrados a 174 156 afiliados al movimiento FCS.
Uno de los cuadros que dio un paso al costado fue Héctor Vanegas. El jurista participó como candidato a la Asamblea Nacional, en el 2017.
Otro movimiento político lesionado por procesos judiciales y conflictos internos de su militancia es Alianza País.
La sentencia a seis años de prisión en contra del exvicepresidente Jorge Glas, por asociación ilícita en la presunta trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, supuso un antes y un después en la organización. El presidente de AP, Lenín Moreno, marcó distancia de Glas y dio un giro al movimiento, nombrando una nueva directiva encargada.
Su secretario ejecutivo, Ricardo Zambrano, sostiene que el movimiento vive un proceso de reconceptualización, denominado Renovación País. El dirigente reconoce que en el último año, unos 19 000 adherentes abandonaron la organización. Según el CNE, oficialmente completaron el trámite de desafiliación 10 348 ciudadanos.
En esta etapa, País avanza en la elección de las nuevas directivas provinciales. Para el próximo 21 de julio, se tiene previsto realizar la Convención Nacional de AP.
Ahí se planteará la reestructuración del estatuto, para permitir la incorporación de unos 100 colectivos ciudadanos, que podrían sumarse a la vida orgánica del movimiento.
De cara a las elecciones seccionales, AP baraja opciones para generar alianzas cantonales, en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, principalmente.
Un tercer partido que tuvo afectaciones por procesos judiciales en contra de uno de sus líderes es Avanza. En junio pasado, se concretó la expulsión del fundador de la lista 8, Ramiro González, por afectar la orientación doctrinaria y la imagen del partido. Eso se desprendió de las acusaciones formuladas sobre González, por defraudación tributaria y tráfico de influencias.
El exlíder de Avanza fungió de Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y fue Ministro de Industrias y Productividad, en el gobierno de Rafael Correa. Actualmente está prófugo de la justicia.
Álvaro Castillo, presidente nacional de Avanza, reconoció que el 15% de las 750 autoridades de elección popular que alcanzaron una curul en el 2014, se desafiliaron.
En el CNE, consta que en el último año, 626 personas dejaron el partido Avanza.
Castillo, que es el alcalde de Ibarra, señaló que se lleva adelante una etapa de renovación de Avanza. El objetivo es alcanzar la reelección de 20 alcaldes y un prefecto, en las elecciones seccionales del 2019. Para delinear su estrategia tienen previsto realizar la convención nacional de la organización en agosto próximo.
Además del peso de los procesos judiciales de sus figuras, FSC y Avanza deben sortear el artículo 327 del Código de la Democracia; es decir, una eventual eliminación de su registro electoral.
Según la Ley, las organizaciones que no obtengan el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas nacionales; o, al menos, alcancen tres representantes en la Asamblea Nacional, serán cancelados del CNE.
Para las seccionales del 24 de marzo del 2019, ambas organizaciones deberán alcanzar, al menos, el 8 % de alcaldías; o un concejal o concejala en el 10% de los cantones del país.
El catedrático e investigador Santiago Basabe cree que en el caso de FSC, la afectación puede ser mayor, ya que Espinel era su cuadro más visible. El experto considera que la estructura interna del movimiento no tiene la misma solidez que otras organizaciones.
En Avanza, Basabe nota que el partido intenta sobrellevar la expulsión de González, apoyándose en otras figuras seccionales y provinciales. Sostiene que el proceso judicial de Glas afectó a Alianza País en menor medida. A su criterio, el movimiento logró sostenerse y permanecer vigente gracias a su estructura.