4 de abril de 2016 00:00

Tres leyes regulan el uso de las redes sociales

El tuitero Alejandro Muñoz cree que su vivienda fue vandalizada a causa de sus tuits. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), las leyes de propiedad intelectual y las normativas de telecomunicaciones son las herramientas con las que se puede sancionar el comportamiento de los cibernautas.

Tras el nuevo llamado del presidente Rafael Correa a ganar la batalla en las redes sociales, Juan Carlos Solines, abogado especialista en derechos digitales, explica que existe un esquema utilizado por los gobiernos para restringir la libertad de expresión e información en Internet.


Sus tres fases son: bloquear las redes o determinado sitio web, desarrollar una legislación para intervenir y tener influencia en los flujos de información y el ataque directo. Según Solines, excandidato presidencial por Creo, esto se evidencia en las medidas implementadas por el Gobierno que usa como herramientas.


El intento de regular la Web a través de la Ley de Comunicación fue frenado por las protestas de los usuarios. Pero la norma que ahora resulta más efectiva es la penal, según Adolfo Moreno, abogado de la concejala lojana, Jeannine Cruz.


Cruz cumple desde el 8 de marzo una sentencia de 30 días de prisión por haber proferido expresiones en descrédito o deshonra del alcalde Bolívar Castillo. La figura está en el artículo 396 del COIP.


Para Moreno, las figuras de calumnias, difamación e injurias se utilizan para amedrentar, escudándose en el derecho a la honra de las autoridades, artículo 182 del COIP. El motivo, dice, es evitar las denuncias, recortando los derechos de la ciudadanía.
Lo mismo sucedió con Sebastián Cevallos, tuitero y dirigente de Unidad Popular, quien la semana pasada fue sentenciado a 15 días de prisión por sus tuits en contra del exministro Carlos Carrasco.


El tuitero Cristian Castillo, quien trabaja como consejero de Gobierno de la Presidencia, no considera que las autoridades se escuden tras el derecho a la honra, puesto que sostiene que las críticas deben ser a su gestión y que los insultos personales están fuera de línea. Además, en los casos de Cruz y Cevallos, opina que se está aplicando la ley, juzgando delitos, porque afirma que una cosa es opinar y otra es acusar a alguien de un delito.


Aparte del llamado, el Presidente anunció que se reunirá con los tuiteros, a quienes advirtió que tienen que ganar esa batalla en las redes. 
Tres días después, el martes, la casa de Alejandro Muñoz amanecía con la puerta manchada de rojo y fotografías suyas, tomadas anónimamente, deslizadas bajo el umbral. No hay pruebas que lo conecten con el pedido presidencial, pero el tuitero cree que la coincidencia es elevada.


Muñoz usa un seudónimo en su cuenta, aunque se identifica en la fotografía e incluso con nombre y apellido en otras redes anexas a Twitter. Pero sus trinos en contra del Gobierno evidencian claramente su línea opositora y él lo admite.


Castillo concuerda con el Mandatario en la necesidad de combatir la desinformación digital, ya que el apoyo a la gestión del Gobierno no está solo en las calles sino también en la web. Pero rechaza que se hable de una guerra en redes.
Paúl Mena, catedrático especialista en periodismo multimedia, cree que la llamada del Gobierno no es efectiva, porque no es factible homogeneizar las expresiones de los usuarios de la red, cuya característica es precisamente la libertad de expresión.


El catedrático acepta que, de lado y lado, hay excesos y recuerda que varios políticos, entre ellos el mismo Presidente, han recibido amenazas de muerte. Por eso concuerda en que se investigue a quienes lo hacen o llaman al cometimiento de un delito.
Sin embargo, aclara que no se debe acallar las voces críticas y que, en vez de llamar a la “batalla”, se debería llamar a elevar el nivel de debate.


Otros tuiteros han denunciado el cierre de sus cuentas utilizando las leyes de propiedad intelectual internacionales. Para esto la herramienta es la empresa española Ares Rights, que ejecuta el pedido de dar de baja los contenidos porque las imágenes utilizadas pertenecen generalmente a la Presidencia de la República o a Alianza País.

Por ejemplo, en abril de 2014 le sucedió a la cuenta de Diana Amores por haber tuiteado el logo del oficialismo.
A esto se suma la Ley de Telecomunicaciones, que dicta, en su artículo 22, que la autoridad competente podrá, entre otros, limitar o bloquear los contenidos o acceso a Internet de los usuarios. Y su reciente Reglamento que permite, en el artículo 57, que la Agencia de Control

En contexto


El presidente Rafael Correa llamó el sábado anterior a los tuiteros oficialistas a ganar la batalla en redes sociales. Esta es la segunda ocasión, ya lo hizo en enero de 2015 cuando anunció la creación de una red social propia del Gobierno, el sitio Somos+.

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