20 de January de 2010 00:00

A tres años

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Carlos Larreátegui

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Al cabo de tres años de Gobierno de “revolución ciudadana”  se impone un balance. Existen varios ejes de acción o inacción que podrían medirse; parece relevante, sin embargo, examinar dos: el político y económico.

Si algo queda demostrado es que AP llegó al poder sin un proyecto político ni un vector ideológico que guiara su camino. El membrete inicial del socialismo del siglo XXI fue abandonado muy temprano al constatar las contradicciones y utopías que esa doctrina planteaba. Su ideólogo, Heinz Dieterich, fue invitado al Ecuador a exponer la teoría que muy, pero muy pocos, habían estudiado en AP.

La decepción y confusión fueron grandes y, como aconteció en Venezuela, el socialismo del  siglo XXI fue desterrado del léxico oficial y sustituido por la  expresión “revolución ciudadana” que apela, curiosamente,  a un concepto liberal  del siglo XVIII.

La ausencia de un verdadero proyecto que vaya más allá del poder por el poder explica la línea errática que el Régimen ha seguido en temas sustantivos como la deuda externa, la  extracción petrolera, el medio ambiente, el comercio internacional, entre otros, y la vertiginosa rotación de ministros -52 en tres años- que evidencia la esencia caudillista y unipersonal del Gobierno. Esto explica también la deserción progresiva de las bases políticas del Régimen -indígenas,  maestros, estudiantes, ambientalistas- que se agruparon durante la campaña bajo un concepto impreciso de “cambio revolucionario” que, por su vaguedad, se identificaba con todos. Luego de tres años, el Régimen ha perdido esta base política que, aunque fragmentada e inorgánica, daba una cierta estructura a AP. Al final han quedado solamente las bases clientelares y aquello que Alberto Acosta denomina la “bonocracia”.

Adicionalmente, la débil y enferma institucionalidad que existía hasta  2006 fue completamente arrasada y sustituida por un sistema caudillista en el que el líder encarna el bien de la nación.

En el campo económico debe resaltarse como positiva la profundización de la cultura tributaria que fortalece un factor de desarrollo indispensable para el largo plazo. En contrapartida, el despilfarro fiscal -60 000 millones- y los subsidios al granel -13 000 millones- han herido profundamente el aparato productivo y nos colocan en un estado de absoluta dependencia del petróleo para sostener la dolarización y una débil economía. Considerando que este Gobierno ha recibido ingresos por petróleo equivalentes a la suma de dos décadas -las del 80 y 90-, la difícil situación que vivimos es inaceptable. Con algo de seguridad jurídica, consistencia y estímulos, la inversión privada habría contribuido de manera sustancial a la producción y el empleo. ¿Qué modelo seguimos? Nadie tiene la respuesta.

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